sanidad

ENCUENTRO CON LA PLATAFORMA PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CON CÉLULAS MADRE

El pasado día 13 de febrero me reuní con los miembros de diferentes asociaciones que conforman la Plataforma mencionada, encabezados por el Alcalde de Getafe: Pedro Castro.

Su principal queja es la escasa atención de desde la Comunidad de Madrid se presta a la investigación con células madre, no existiendo en Madrid, a pesar de su densidad de población investigadora, científica, sanitaria y universitaria, ningún centro de relieve en Medicina Regenerativa. Resalto que hoy, por ejemplo, he estado reunido con representantes del Ministerio de Sanidad, entre ellos Agustín Zapata, Subdirector General de Investigación en Terapia Celular y Medicina Regenerativa, para hablar sobre la ley de Investigación Biomédica. Durante el análisis, larguísimo, han surgido múltiples ejemplos acerca de cuál era la situación en España, y qué se estaba haciendo. Se ha nombrado a Cataluña, Andalucía, Valencia, Asturias, Navarra, Galicia… Pero no ha aparecido por ningún lado el nombre de Madrid, salvo para comentar el desastre que ha supuesto la mala conservación de los cordones umbilicales donados en el 12 de Octubre y que ha provocado que tengan que ser destruidos. Es vergonzoso pensar que en una Comunidad de la importancia de la nuestra no existe proyecto alguno de relevancia ni centros dedicados a la investigación puntera porque no es una prioridad para el gobierno regional. Mantener la investigación cuesta mucho dinero y no se vende fácilmente.

No podía yo ni plantearme que existiera una Plataforma así, pero la hay, y está en Getafe. Por ello quiero dedicarle unas palabras a sus componentes. Si algo envidio de esa ciudad (aspirante a Capital de la Comunidad de Madrid) es su capacidad para mantener un movimiento ciudadano vivo y activo, contra lo que está sucediendo en la mayoría de la España urbana, donde las asociaciones se convierten en centros de captación y gestión de subvenciones.

Por el contrario, el Consejo de Mayores de Getafe, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Getafe, la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de Getafe, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Getafe y la Asociación de Diabéticos de Getafe han decidido unirse en esta Plataforma. Su objetivo  es concienciar a las autoridades y a la sociedad de la importancia de la investigación científica que ahora mismo se está comenzando, y potenciar la dedicación de fondos y de recursos humanos a su desarrollo.

A la cabeza de todo este movimiento se encuentra la Fundación César Navarro, una institución constituida por este getafense ilustre y cuyos fines sanitarios, sociales, culturales y deportivos se ven complementado con la importante participación e impulso de este proyecto, para el cual cuentan además con el apoyo entusiasta de Pedro Castro.

La investigación con células madre ha abierto una puerta a la esperanza para muchos enfermos de distinta índole que comprueban que se pueden encontrar soluciones médicas para sus males, especialmente enfermedades degenerativas o metabólicas.

 

En este punto, destacar que Bernat Soria, el director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa ha afirmado que en 2008 sería posible que comenzaran los transplantes de células de médula ósea para páncreas, lo que constituye la base para la CURACIÓN de la diabetes. La noticia en sí es impresionante, pero es sólo el primer paso de todo lo que sólo podemos alcanzar a imaginar.

 

El objetivo de la reunión era su interés en la Ley de Investigación Biomédica, de la que, como ponente, me ofrecí a darles una explicación. Personalmente estoy emocionado con poder participar en la elaboración de esta ley, que considero que es una de las más importantes de la legislatura, aunque desgraciadamente el ruido de los medios de comunicación vaya por otro lado. Esperemos que los gritos no nos impidan trabajar y hacerlo bien.

Quise dejarles claras las tres bases que conforman la Ley, desde mi punto de vista lo más importante:

ETICA. Lo fundamental es que la curación de una persona no puede estar asentada en la destrucción de una vida. Esta afirmación, que yo creo que es compartida por todos, y por ello la ley se construye sobre los principios de la integridad de las personas y la protección de la dignidad e identidad del ser humano. Así, se fundamenta la prohibición explícita de la constitución de preembriones y embriones con fines de experimentación y la interrupción del embarazo si tiene como objetivo la donación, y el aseguramiento de que la salud, el interés y el bienestar del ser humano que participe en una investigación prevalecerá por encima del interés de la ciencia.

Todos los proyectos deben estar supervisados por un Comité de Ética de la Investigación, compuesto por expertos, que informe sobre sus condiciones y, ser autorizados expresamente.

GARANTÍAS. Es una Ley con una amplia cobertura garantista para los proyectos de investigación. Se pone límites a la libertad de la investigación y del investigador en defensa de la dignidad del ser humano, consagra el principio de gratuidad de la donación y se asegura la trazabilidad de todo el material biológico de origen humano. Junto a esto se establecen las características del consentimiento informado para la toma y manejo de muestras, el derecho a la información de los donantes, el derecho a la protección de datos de carácter personal y la no discriminación por motivos genéticos. Todo ello con un grado muy importante de restricciones a favor del sujeto de la investigación.

 

UNIDAD DE CRITERIO. Dos órganos estatales, el Comité de Bioética y la Comisión de Garantías para la Donación y utilización de Células y Tejidos Humanos, se encargarán respectivamente de asegurar las garantías exigibles y plantear las oportunas recomendaciones sobre cuestiones con implicaciones éticas. Esto, además, dará a todas las investigaciones realizadas en España un marchamo de calidad que nos permitirá que se valoren en mayor grado fuera de nuestra país. Es muy importante teniendo en cuenta la enorme competencia que existe al respecto en investigación puntera.

 

Por último, destacar que el hecho de regular muchos aspectos no regulados hasta ahora permite que se ofrezca una garantía de continuidad para las investigaciones, lo que ofrece una seguridad legal que no teníamos y que se convertirá en un aliciente más para potenciar la investigación en nuestro país.

LA ENFERMERÍA: OTRO ARTÍCULO RECUPERADO

LA ENFERMERÍA COMO CLAVE PARA EL FUTURO DE LA SANIDAD EN MADRID.

 

Organizamos el pasado sábado desde el Partido Socialista de Madrid, unas jornadas de enfermería, con la intención de acercarnos a la problemática y las demandas de ese colectivo tan importante para la sanidad pero, generalmente, tan olvidado en la agenda política.

Las jornadas, que contaron con la participación de más de 150 profesionales en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, concluyeron que una de las más rápidas y mejores maneras de producir un aumento en la calidad de la Sanidad en Madrid es potenciar la figura de la enfermería, aumentando su capacidad de actuación y definiendo sus competencias. 

 

 

El título de toda la campaña con la que estamos desarrollando la captación de ideas y proyectos para elaborar nuestro programa electoral dice mucho acerca de lo que queremos: "IMAGINA MADRID". En ese contexto, y con los profesionales y expertos en el tema, contando con la participación de María Jesús Montero, Consejera de Sanidad de Andalucía, y de Marina Geli, consejera de Sanidad de Cataluña, quisimos hacer un IMAGINA ENFERMERÍA, para recibir ideas y preparar los temas de nuestro programa en esta cuestión.

 

Entre otros compromisos, se definió por parte de Rafael Simancas, candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, el siguiente programa específico para enfermería:

• Implantación de las Especialidades de Enfermería, ligado a un modelo de Carrera Profesional con incentivos económicos y, sobre todo, laborales.
• Incremento del número de enfermeras en Atención Primaria, adecuando su proporción con el resto de profesionales y teniendo en cuenta la tipología de la población atendida (edad, envejecimiento, dispersión, inmigración, atención domiciliaria…)
• Definir la cartera de servicios de Enfermería y difundirla entre la población.
• Potenciar la atención domiciliaria como medida que permite acercar al paciente a su hogar.
• Creación de la Enfermera de Enlace, como coordinadora entre la Atención Primaria y los hospitales o residencias.
• Creación de la figura de la Enfermera de Barrio o Comunitaria, para la promoción de hábitos saludables en escuelas y comunidad.
• Establecer una estrategia que permita la valoración de los puestos de trabajo de enfermería para retribuir en función de su complejidad o penosidad.
• Ayudas económicas y reducciones de jornada para el establecimiento de proyectos de investigación, respondiendo a criterio de competencias.

 

 

BALANCE DE ACTUACIONES DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ahora que empieza el debate en Comisión dentro del Congreso de la Ley de investigación Biomédica, que va a situar a España entre los países de vanguardia en la materia de investigación, y de la que seré ponente, me ha parecido oportuno reunir en un sólo apartado las principales aportaciones que se han hecho a la Sanidad española en estos dos últimos años, teniendo en cuenta que la mayoría de las competencias se encuentran en las Comunidades Autónomas (las asistenciales, sobre todo) Es un resumen muy abreviado, por lo que la mayoría de las cuestiones no están suficientemente explicadas, e incluso he omitido las que considero menos interesantes para el público en general. Pero creo que a pesar de eso es de interés.

Aparte de actuaciones dirigidas a regular la sanidad y condiciones de vida de los ciudadanos en general, como son:

• Aprobación del proyecto de Ley de Reproducción asistida, que permite a las parejas con problemas de fertilidad salvar los obstáculos para la fecundación de legislaciones anteriores, y que además ha permitido ya la aplicación de técnicas genéticas para que el nacimiento de un nuevo hijo pueda facilitar el tratamiento de un hermano anterior. 
• Real decreto sobre hemodonación, que incorpora las últimas medidas de seguridad en los procesos de donación de sangre.
• Consolidación del liderazgo mundial de España en materia de donación y transplantes, con un incremento anual superior al 3% y una disminución de las listas de espera para transplantes de corazón, riñón, pulmón o hígado. El registro mundial de transplantes de la OMS se albergará en España.
• Desarrollo de los acuerdos de la Conferencia de Helsinki, para la mejora de la Atención a la Salud Mental, por medio de la elaboración de una Estrategia de Salud Mental cohexionada para toda España.
• Puesta en marcha de las especialidades de enfermería, lo que supone, aparte de un mayor reconocimiento a este colectivo, mejorar su preparación y, por tanto, la atención a los pacientes.
• Real Decreto que regula la relación laboral de los médicos en formación (residentes o MIR), que tiene importantes efectos sobre sus condiciones de trabajo y la calidad de su preparación.

Comenzando por materias de investigación, se han presentado:

• Proyecto de Ley de Investigación Biomédica, que definirá con claridad los límites y controles a la investigación, aportando seguridad a los profesionales que prentendan iniciar un estudio, a la vez que establece criterios que puedan dar confianza de control ético a los ciudadanos.
• Aprobación de la normativa que ha permitido comenzar en España la investigación con células madre en medicina regenerativa, desarrollado especialmente por convenios con Andalucía, Valencia, Aragón y Cataluña, que viene a suplir la situación de ilegalidad en la que quedaban algunos proyectos de investigación tras las leyes anteriores. Especial interés tiene para los afectados de diabetes o parkinson, que parecen enfermedades cuyo tratamiento es esperable que experimente importante mejoras con estas líneas investigadoras.
• Firma de un acuerdo con 13 de las empresas españolas más importantes que complementarán la finaciación del Centro Nacional de INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES, para convertirlo en una institución lider a nivel internacional.
• Creación de los Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER), constituidos por investigadores y grupos de investigadores de diferentes hospitales y universidades qeu participan en un mismo proyecto coordinado por un director científico. Se han comenzado a desarrollar trabajos en bioingeniería, nanomedicina, epidemiología, obesidad, enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas y hepáticas, enfermedades degenerativas y, sobre todo, enfermedades raras.
• Creación de la Oficina de Proyectos Ëuropeos, que ayuda a nuestros investigadores en la financiación de sus proyectos con fondos europeos.
• Estabilización profesional de los investigadores, consolidada por diferentes acuerdos con todas las Comunidades Autónomas.
• Convenio con la Fundación Reina Sofía para la creación  de la Unidad de Investigación Proyecto Alzheimer, que impulse la investigación sobre esta enfermedad.

Uno de los temas sobre los que más ha insistido siempre el Partido Popular es sobre la disgregación del Sistema Nacional de Salud en sistemas distintos en cada Comunidad Autónoma (disgregación producida, por cierto, en 2002, bajo Gobierno Aznar, cuando se transfieren las competencias sin un mínimo de control). Sin embargo, las políticas del Gobierno tienden a asegurar una homogeniedad del Sistema, con las particularidades propias de cada región, como es natural en un estado autonómico, como es España (aunque algunos no lo entiendan). Para asegurar esta equidad, se han desarrollado las que llamamos Políticas de cohesión:

• Puesta en marcha de la Comisión Interministerial para el equilibrio financiero del Sistema Nacional de Salud.
• Fijación en Madrid de la Oficina del Centro Europeo para el Consumidor.
• Real Decreto que establece la Cartera de Servicios comunes del SNS, que, pese a su insistencia en la unidad y la cohesión, los anteriores gobiernos no habían abordado.
• Real decreto que regula el funcionamiento de los fondos de Cohesión Sanitaria.
• Real Decreto de Centros, unidades y servicios de referencia del SNS
• Real Decreto que regula la donación, almacenamiento y utilización de células y tejidos humanos.
• Análisis del Gasto Sanitario, que sirvió como base al acuerdo sobre financiación extraordinaria de sanidad aprobado en la Conferencia de Presidentes.
• Estrategias de Salud Mental, y sus correspondientes repercusiones en Cartera de Servicios, de forma que sean equivalentes en todas las Comunidades Autónomas.
• Revisión de los programas formativos de las especialidades médicas, dotándolos de una estructura común.

Políticas de Salud Pública:

• Ratificación del Convenio Marco para el control del tabaco, y aprobación de la Ley de Prevención del Tabaquismo, con el apoyo de TODOS los partidos políticos. Además se han impulsado con 29 millones de euros las políticas  de deshabituación tabáquica, que está en manos competenciales de las comunidades autónomas.
• Plan de Preparación y Respuesta a una posible pandemia de gripe aviaria, aunque afortunadamente no ha hecho falta  ejecutarlo.
• Puesta en marcha de la Estrategia NAOS de prevención de la obesidad y fomento de la actividad física.
• Primer estudio sobre la discriminación de personas con VIH/SIDA en España

 

Reunión con los representantes de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

Con motivo de la presentación de un documento por parte de la ADSP de Madrid, titulado "Informe sobre la Política Sanitaria en la Comunidad de Madrid", los máximos representantes del Partido Socialista de Madrid en el ámbito sanitario nos hemos reunido con su presidenta, Carmen Ortiz, para que nos expusiera las principales conclusiones de este estudio.

 A nuestro juicio, por medio de tres pasos progresivos, se está siguiendo desde el gobierno regional un camino sin retorno en su afán privatizador de la sanidad madrileña. Se comienza por el estrangulamiento financiero, demostrado en los presupuestos donde somos la última comunidad en invertir en sanidad en relación a su PIB, se está ahora mismo fomentando el desvío de los recursos públicos a empresas privadas, que absroven hasta el 40% del presupuesto sanitario de la CAM, y ya se ha realizado el cambio de régimen jurídico que abre la puerta hacia la privatización de todos los hospitales de la región.

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, dijo ser tres los pasos que está siguiendo el gobierno regional en su afán privatizador de la sanidad madrileña, que pasan por el estrangulamiento financiero, el desvío de los recursos públicos a empresas privadas y el cambio de régimen jurídico que abre la puerta hacia la privatización de todos los hospitales de la región.

En esta reunión, Rafael Simancas, adviertió que el Gobierno de Esperanza Aguirre ya ha comenzado el proceso de privatización de la sanidad madrileña. La ley de Acompañamiento a los Presupuesto abre la puerta para que el modelo de gestión privada de los nuevos hospitales se aplique a todos los hospitales de la red pública, incluídos los "clásicos", como La Paz o el Ramón y Cajal.

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, dijo ser tres los pasos que está siguiendo el gobierno regional en su afán privatizador de la sanidad madrileña, que pasan por el estrangulamiento financiero, el desvío de los recursos públicos a empresas privadas y el cambio de régimen jurídico que abre la puerta hacia la privatización de todos los hospitales de la región.

Este sistema de gestión, no obstante, ya ha demostrado su pésimo funcionamiento en el hospital-fundación de Alcorcón, donde los contínuos relevos de cargos directivos y la falta de una orientación real a las necesidades de los vecinos han acabado convirtiéndolo en un foco de conflictos cuyos usuarios y trabajadores no se encuentran cómodos ni se sienten identificados con su centro.

En este sentido, después de la publicación de un informe de la OMS que cuestiona además la construcción de hospitales por vía de FPI (financiación de iniciativa privada) por ineficaz y por suponer un sobrecoste injustificable, Rafael Simancas se comprometió a “revisar la fórmula elegida por Esperanza Aguirre para poner en marcha los nuevos hospitales. Tendrán una dimensión adecuada, una cartera de servicios que se necesite independientemente del coste, y estos hospitales serán de gestión pública para que todo el mundo pueda acceder a su servicio independientemente de su capacidad de pago”.

También han salido opiniones en contra desde Gran Bretaña, donde se ideó este sistema de construcción que se comenzó a aplicar a principios de los 90, e incluso Peter Fisher, presidente de la organización de trabajadores de la sanidad pública inglesa, critica duramente la situación actual de los hospitales construidos por ese sistema.

Desde el Partido Socialista de Madrid queremos dejar claro que nuestro modelo de gobierno de los hospitales madrileños es el de la gestión pública directa, e intentaremos reducir al máximo el resto de "experimientos" que se producen en esta región, respetando, por supuesto, los compromisos contractuales que haya adquirido la Comunidad, pero exigiendo la máxima calidad y cumplimiento de esos contratos a las empresas beneficiarias.

Reunión con los sindicatos UGT y CCOO, sectores sanitarios

Ayer lunes fuimos convocados a una reunión con los sindicatos madrileños para recibir su sensación de la situación de la sanidad en nuestra comunidad autónoma.

Los principales temas que nos han planteado, y que coinciden con las valoraciones que venimos haciendo durante estos últimos meses se refieren a la escasa financiación por parte de la Comunidad de Madrid de los servicios sanitarios, de forma que se está produciendo un notable deterioro progresivo que es percibible ya por los ciudadanos.

En ese sentido, destacan la situación de la Atención Primaria, en la que están comenzando a aparecer las listas de espera, de forma que los madrileños ya no son atendidos por el médico de cabecera en el día que lo solicitan, sino que puede retrasarse esta cita incluso una semana. La Atención Primaria debe ser, además de la puerta de entrada al Sistema, un nivel en que se pueda intervenir con suficiente capacidad, por estar dotada de los medios técnicos diagnósticos y de la posibilidad de solicitar y recibir las oportunas pruebas. Se le deben incorporar en la primaria también elementos de prevención, promoción de la salud y rehabilitación, que con el actual sistema y la sobrecarga que sufre, son inviables.

Las listas de espera se están volviendo insostenibles en el sistema, con varios meses de espera para primera atención por especialista (120 días de media) y también para las pruebas diagnósticas (75 días de media), lo que hace que el paciente tiene que espera un año para ser diagnosticado del proceso por el que el médico de familia le envió al especialista. Las listas de espera quirúrgica, contra la promesa de Esperanza Aguirre de que se reducirían a un mes, son cada vez más largas, y contra ello lo único que hace la Consejería es inventar "maniobras contables" que excluyen a más de la mitad de los pacientes del contaje y que han provocado que Madrid sea la única Comunidad que ha sido excluida nunca del sistema de contabilidad nacional, por segundo año consecutivo.

 

Reunión con la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria y con la Asociación madrileña de Pediatría de Atención Primaria.

 Los responsables de políticas de Sanidad del Partido Socialista de Madrid hemos continuado nuestra ronda de reuniones para recoger propuestas de cara a la elaboración de nuestro programa electoral. En el último acto dedicado a la Atención Primaria acudimos ayer lunes, día 27, junto a Rafael Simancas a la sede de la Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria junto a la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria, que nos has trasladado sus propuestas de solución a la importante crisis que vive su profesión en la sanidad Pública.

El principal problema que nos han trasladado es la falta de especialistas, que se traduce en un importante aumento de los ratios de tarjetas sanitarias infantiles por pediatra, y en la práctica imposibilidad de cubrir las ausencias de los titulares, sea por enfermedad o por vacaciones.

Situación actual

• 1.200 cartillas por pediatra, con una media de 24 pacientes diarios y siendo el tiempo medio de consulta de 9 minutos según los datos de la Consejería. Los datos que nos han pasado los pediatras con los que hemos estado se refieren a unos 50-60 pacientes diarios en la mayoría de los casos, con un tiempo inferior a los 5 minutos para cada uno.
• La población por pediatra ha pasado de 840 niños en 1995(cuando tenían 15 consultas al día) a 999 niños por pediatra en 2001 y 1304 de media en 2005. Estos datos están recogidos en un informe de la Asociación para la defensa de la Sanidad Pública.
• Los objetivos presupuestarios para 2007 no prevén ninguna mejora en estos datos
• Se cubre algo más que el 93% de la población con equipos de atención primaria, pero sería deseable extenderlo al 100% y además planificar la atención en los nuevos desarrollos urbanísticos.
• En el caso de los servicios de Pediatría, sería necesario llegar a los 15 minutos de consulta por paciente, incrementándose la plantilla en 150 facultativos y un ratio de 1.000 usuarios
• Los presupuestos 2007 sólo prevén el aumento de plantilla en 10 equipos de AP (10 pediatras)
• Los ratios además se deben ponderar, en este caso por criterios sociales, por el número de niños menores de 3 años, que suponen un mayor número de consultas, y por el grado de dispersión geográfica de la población, de especial importancia en los centros rurales, donde hay menos población infantil.
• Existe un tremendo problema de falta de facultativos que hace que la mayoría de las veces las bajas no sean cubiertas y se generan con excesiva frecuencia desatenciones a la población en muchos centros de salud.  Además, las condiciones de la pediatría en AP son tan poco atractivas que, de los 70 residentes que acabaron la especialidad en Madrid en 2005, y de los 70 que la han acabado en 2006, ninguno ha querido ejercer en la Primaria.
• Esto ha llevado a la Consejería de Sanidad de la CAM a establecer un “Plan de choque” para paliar la falta de profesionales, pero nuevamente vuelve a usarse como arma arrojadiza contra el Gobierno de la nación. La falta de pediatras se debería, si fuera únicamente por motivo de falta de médicos formados, a la falta de plazas MIR en las convocatorias de los años 2000 y 2001, dado el tiempo que tarda en formase un pediatra residente.

El Plan de Mejora de Atención Primaria de la Consejería de Sanidad suponía la inversión de 240 millones de euros entre 2006 y 2007 en construcción de nuevos centros, pero sólo hay presupuestados 80.000 y 4.000 euros respectivamente. El capítulo de inversiones, completo, es de 5.887.000 y 9.262.000.

Infraestructuras:	2006	2007	2008	2009
·         Construcción de nuevos centros	119.827.657	119.548.254	122.895.605	126.336.682

Otros temas que hemos tratado

Carrera Profesional.

En la Comunidad de Madrid lo que ha supuesto en la realidad es el aumento en un quinquenio, suponiendo un aumento lineal de sueldo por antigüedad, quedando pendiente una segunda parte de la supuesta carrera que debería establecer criterios distintivos según el desarrollo profesional de los médicos.

 Dentro de este punto, se ha de elaborar un Plan de Investigación, que defina las áreas más interesantes de desarrollo dentro de la atención primaria y la potencie. 

Mejora de los tiempos de asistencia

Se deberían gestionar los cupos de forma que se disponga del tiempo necesario.

Hay que integrar a las unidades administrativas en la estructura organizativa de los equipos.

Es preciso identificar de forma periódica las necesidades de cada zona de salud, para adecuar la prestación a los posibles cambios.

Los documentos de receta multiprescripción, donde se puedan recetar de una vez todas las medicinas y para todo el tiempo que dure el tratamiento ahorran visitas innecesarias y, por tanto, disminuyen la carga asistencial. 

Potenciar la participación de los pediatras en la comunidad.

Para intentar que se fomenten las actividades de educación para la salud, las organizaciones de pediatras solicitan la creación de “equipos sanitarios escolares”, que intervengan en los centros educativos en el fomento de estilos de vida adecuados.

Se pretende también que actúen desde el centro escolar en la prevención o detección de situaciones de obesidad infantil, anorexia, bulimia…

El pediatra debe ser un punto de observación para la prevención y detección temprana de los casos de maltrato infantil.

La atención domiciliaria y su desarrollo permiten una mejor atención de los pacientes y además supone una mayor implicación del médico de atención primaria y pediatra en la sociedad.

La constitución de los Consejos de Salud de distrito o zona básica de Salud, que marca la LOSCAM, y la participación en ella de los pediatras puede implicar a la sociedad en el conocimiento y resolución de los problemas de salud y salud pública de cada territorio. 

Aumento de la capacidad resolutiva de la pediatría de Atención primaria

Sin duda, si en algún momento cobra trascendencia el diagnóstico correcto y lo más temprano posible de las enfermedades que pueden suponer una dificultad para el desarrollo, es en la pediatría, especialmente en las primeras etapas de la vida.

Es posible la detección de muchas alteraciones en los primeros momentos, lo que facilita mucho su tratamiento o permite la adopción de medidas de compensación o de educación concretas.

La enorme importancia del diagnóstico precoz de las enfermedades infantiles crónicas o graves sitúa en primer plano la trascendencia de la capacidad resolutiva de la pediatría, tanto por el aumento de los medios disponibles como facilitando la interconsulta.

Es preciso un catálogo de pruebas y equipamiento que, desde cualquier centro de atención de primer nivel, permita acceder a aquellas tecnologías diagnósticas más eficientes.

La formación continua juega un papel esencial en la posibilidad de aprovechamiento de las nuevas tecnologías.

Orientar las capacidades de la Pediatría en Atención Primaria especialmente a aquellas patologías más prevalentes y de mayor importancia. 

Mejora de la pediatría rural.

Hay que incentivar de forma adecuada a los profesionales rurales, y promover su estabilidad laboral, a la vez que se mejora la oferta de servicios.

Ha de dotarse adecuadamente de equipamiento los puntos de atención rurales, aumentado de forma lo más rápida posible su capacidad resolutiva y la interconsulta directa con atención especializada, así como un sistema apropiado de transporte sanitario.

Es necesario establecer planes de formación específicos, pudiendo asimismo desarrollarse planes de investigación concretos.

PROCESO EXTRAORDINARIO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO EN EL INSALUD PARA MÉDICOS DE FAMILIA: EN LA COMUNIDAD DE MADRID HA SUPUESTO UN CAOS

Ayer día 21, en la sede de la Organización Médica Colegial, los máximos responsables sanitarios del Partido Socialista de Madrid recibimos a unos representantes de la Plataforma de Médicos Interinos y Temporales de Madrid. Encabezados por Horacio Albertini, su intención era hacernos llegar sus críticas a la manera de llevar el proceso extraordinario de consolidación de plazas por parte de la Comunidad de Madrid, y que conociéramos su situación actual y la falta de soluciones que aporta la Consejería de Sanidad.

En el año 2001, la Ley 16/2001 establecía, con el consenso de todos los partidos políticos, un proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas para personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social del INSALUD.

En esta OPE extraordinaria se convocaron para Atención Primaria1089 plazas que corresponden a centros de la Comunidad Autónoma de Madrid, y en total 1982, cuando existían unos 5000 médicos interinos en activo reconocidos por el propio INSALUD. Al final el número de aspirantes fue de 10.494 (5 por cada plaza). El proceso, que fue un concurso-oposición, fue superado por 7000 de ellos, con lo que 5000 quedaban fuera de la posibilidad de consolidar su puesto de trabajo después de trabajar al menos 10 años para la Sanidad Pública en condición de interinos.

Al final, después del paso de 5 años, 300 de las plazas convocadas no han sido ocupadas, dado que la situación de los aspirantes a ellas es diferente de la que existía entonces.

En Madrid sólo 550 médicos de familia han alcanzado la estabilidad, con lo que unos 600 médicos de AP que tienen entre 10 y 25 años de experiencia quedan fuera de la consolidación, pese a cumplir las condiciones del proceso y tener ahora 5 años más de experiencia. Es de importancia señalar que este problema es específico del personal de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, ya que otras comunidades han realizado ajustes o procesos paralelos para regularizar la situación de estos médicos.

Esto les ha llevado a una serie de movilizaciones reclamando lo que es justo, que se amplíe por alguna vía la posibilidad de consolidación de plazas de los médicos interinos que llevan más de 10 años en su puesto de trabajo como tales. Esto es, por otra parte, lo que han hecho otras comunidades, incluso las gobernadas por el PP (Murcia y Castilla-León).

Además en nuestra Comunidad las plazas que ocupaban no se han asegurado, garantizándose a los aprobados sólo el mantenerse dentro del Área de Salud, lo que ha ocasionado un baile de facultativos durante estos días que ha afectado a un millón de madrileños más o menos. 

La plataforma 10 minutos, de atención primaria, nos presenta sus propuestas de mejora

Recientemente se ha producido una huelga de médicos de familia (de atención primaria o de cabecera). El objetivo de esta huelga no era económico, sino hacer pública una vez más la demanda de los facultativos de conseguir un tiempo de consulta de 10 minutos por paciente. Ayer, día 20, se acercaron a la Asamblea de Madrid a presentarnos sus peticiones a los máximos dirigentes de las políticas sanitarias del PSOE en la Comunidad de Madrid. Posteriormente Juan Gervás, Presidente de la Plataforma 10 minutos, junto a Rafael Simancas, dieron una rueda de prensa.

La Atención Primaria es la base del sistema sanitario español en su concepción. Sin embargo, ahora mismo está en franco deterioro en la Comunidad de Madrid. Se debe, sobre todo, a la escasez presupuestaria. Se quejaron, sobre todo, de seguir siendo la "cenicienta" de los presupuestos sanitarios y de verse cada vez más condenados al papel de "dispensadores de recetas", dada la falta de medios y la sobrecarga de trabajo con la que trabajan.

Frente a eso, y con ánimo de ser positivos, nos presentaron una serie de propuestas para mejorar la calidad de la Atención Primaria y, por expansión, del resto del sistema:

1. Incorporar auxiliares de enfermería a los Centros de Salud, para cubrir algunos aspectos que ahora mismo no son tratados por ningún profesional (y por tanto los asume generalmente el médico). Esto, unido a una redefinición de las tareas de enfermería y de la composición de los equipos de Atención Primaria llevaría a una descarga del trabajo burocrático del médico, que podría suponer un aumento del tiempo real dedicado a consulta médica.
2. Establecer los "cupos básicos ponderados" como forma de controlar la dedicación horaria del médico, para delimitar su asignación salarial. El sistema actual, de número de tarjetas sanitarias, falsea la realidad porque no suponen la misma carga asistencial todas las tarjetas. Para ello habría que incluir variables como la edad de los pacientes atendidos, los índices de marginalidad, el porcentaje de seguros sanitarios privados en la zona, la morbimortalidad por las enfermedades más frecuentes...
3. Reducción de tareas del médico que no implican asistencia sanitaria por medio de la "prescripción" de productos parafarmaceúticos o similares por la enfermería, mediante la racionalización de trabajos como la renovación de las bajas laborales y por medio de novedades como la receta multiprescripción, de la que llevamos 20 años hablando y que no ha sido implantada aún. En este sentido sí puedo decir que desde el Ministerio de Sanidad se están dando los pasos para que en breve sea realidad una forma de receta que evite las continuas visitas al médico "a por recetas", a la vez que la acaparación de fármacos en los botiquines de las casas para imprevistos.
4. Sistemas informáticos más racionales, que sólo permitan un acceso común a aquellas partes de la historia clínica de Atención Primaria que puedan ser útiles para otros especialistas. Sólo un 3% de la información que se recoge en la historia en el Centro de Salud puede resultar interesante con fines médicos. El resto son datos que pueden incluso ser muy personales y que sólo sirven al Médico de A.P. para conocer mejor a su paciente, que es una de las características principales del "Médico de Cabecera". El hecho de no centralizar los sistemas informáticos hará que, además, sean menos sensibles a los cambios en cualquier punto de la red, tengan menos tendencia a "caerse" y aumenten las condiciones de seguridad de los datos personales.
5. Dotar a la Atención Primaria de una mayor capacidad de resolución, para aumentar su posibilidad de diagnóstico positivo y definitivo de los enfermos. Para ello con la instalación simplemente de ecógrafos en los Centros de Salud, muchas consultas no serían derivadas al especialista o a urgencias. Igual resultado tendría la universalización del uso de espirometría avanzada en los Centros de Salud, o de otras técnicas que no se terminan de implantar.

Se mostraron además muy preocupados por la situación actual de la relación entre la medicina de A.P. y la especializada, bien sea del Centro de Especialidades, o bien del Hospital; y también por el aumento en las agresiones a los médicos en sus tareas, recibiendo con satisfacción las últimas sentencias que admiten la posición de autoridad del médico y por tanto juzgan la agresión como atentado contra la autoridad, resultando en condenas mayores de lo habitual hasta ahora.

 

POR FIN SE MEJORAN LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS MÉDICOS INTERNOS RESIDENTES (M.I.R.)

Se regula su jornada laboral, el número máximo de guardias, se fija por Ley el descanso después de la guardia y se mejora notablemente su salario.

Recordando las movilizaciones que tuvimos los estudiantes de medicina que veíamos como se nos acercaba el momento de realizar la especialidad, me resulta muy satisfactorio pertenecer al grupo parlamentario de gobierno en el momento en que, al fin, se va a tratar a los residentes de los hospitales como trabajadores, y no como estudiantes a la hora de cobrar, pero especialistas a la hora de trabajar. Teniendo en cuenta que la única forma de acceder a la especialidad en España es la vía MIR, y que, en la práctica, para ejercer la medicina necesitas forzosamente un título de especialista, la carrera de medicina se alarga hasta al menos los 9 años (6 y 3 de especialidad). De éstos, los años de especialidad son años en los que realmente se está ejerciendo la profesión, cargando en algunas ocasiones con la mayoría del trabajo en algunos departamentos de algunos hospitales (consultas, revisiones, guardias...)

Aunque no sólo afecta a los médicos, sino también a enfermeros, biólogos, farmaceúticos y químicos, son los médicos los más afectados por número y, sobre todo, por situación. En España no es posible ejercer la medicina sin tener un título de especialista que sólo se puede obtener por la vía del MIR, por lo que todos los estudiantes de medicina estarán abocados a hacer la especialidad de una u otra forma. En realidad, este texto supone que los licenciados y diplomados que realizan su formación sanitaria especializada por el sistema de residencia en nuestro país, un colectivo formado aproximadamente por unas 20.000 personas, contarán por primera vez con un marco jurídico estable que recoje sus derechos en el ámbito laboral.

El Real Decreto que regula la relación laboral especial de residencia de los especialistas en Ciencias de la Salud se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 6 de octubre.En él se establecen en un máximo de 37,5 las horas semanales de trabajo de los residentes, regulando además por Ley el derecho al descanso de 7 horas después de una guardia, frente a las jornadas interminables y maratonianas que se realizan ahora. Cualquiera que lo conozca sabe que, en muchas ocasiones, los médicos residentes enlazan una jornada laboral con una guardia y con la siguiente jornada laboras todo seguido y sin interrupciones, llegando a sobrepasar las 30 horas de trabajo consecutivas. Se fija en 7 el número máximo de guardias que se pueden realizar en un mes, entendiendo que un número mayor puede ser negativo para la salud y el buen hacer del médico y que era muy frecuentemente sobrepasado, especialmente en época de vacaciones (por muy residente que sea, son prácticamente dos guardias a la semana). Como mejora salarial establece un aumento de casi el 20% en el sueldo de los MIRES, ligando además futuras mejoras salariales a las que se establezcan para el resto del personal del Sistema Nacional de Salud, es decir, ligadas a los acuerdos laborales que se fijen para otros trabajadores y no al simple arbitrio de las autoridades de turno.

El Gobierno ha buscado en su elaboración un equilibrio en la regulación que permita compaginar la mejora de la situación laboral de los residentes con las necesidades organizativas de las Unidades y Servicios Docentes donde van a recibir su formación y prestar sus servicios, en su inmensa mayoría dependientes de las Comunidades Autónomas.

Deseo que este gran paso sirva para mejorar la situación de los médicos residentes en los hospitales, algunos de cuyos servicios tratan muy mal a los suyos.

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DE ZONIFICACIÓN DE RIVAS VACIAMADRID

 

1. Se cometen errores en la documentación, al no utilizar estadísticas sanitarias, ni proyecciones de población a medio y corto plazo, ni estadísticas de morbilidad y mortalidad de las zonas.
2. Se ha procedido con absoluta opacidad y falta de información. No se ha dado la necesaria información a profesionales, trabajadores y usuarios, no habiendo estado expuesta al público, como exige la ley, ni en muchos ayuntamientos ni en Juntas de Distrito.
3. En el desarrollo no se considera la posibilidad de estratificación de los hospitales y la diferente capacidad técnica y física de los mismos, con lo que se quiebra el principio de equidad que debe presidir la Sanidad Pública. Hospitales diferentes cubren el mismo servicio, por lo que esas poblaciones no van a tener las mismas característica en su asistencia.
4. No se ha tenido en cuenta en el desarrollo del programa las posibles opiniones de los Ayuntamientos, que conocen la situación y las características de salud, demográficas de crecimiento y geográficas de los municipios. Esto ha originado que exista gran cantidad de incongruencias y de inconvenientes que se crean a grupos de vecinos de forma innecesaria.
5. Al no estar constituido el Consejo de Salud de la Comunidad de Madrid, como exige la LOSCAM (que debería estarlo desde el año 2002) no ha habido posibilidad de debate por parte de este órgano que según la Ley General de Sanidad es el máximo órgano de participación y consulta de la Comunidad.

 

¿Por qué los nuevos hospitales que va a abrir la Comunidad de Madrid no son los más adecuados para la sanidad madrileña?

NOVEDAD: Se publicó la convocatoria para trabajadores sanitarios en los nuevos hospitales.  

Lejos de la oposición por sistema o de la defensa numantina de un servicio público de manera dogmática, desde el PSOE tenemos la convicción de que la actual política de apertura de hospitales por medio de concesiones a empresas privadas supone un riesgo y un perjuicio para nuestro sistema de salud.

 1.      No se están haciendo hospitales modernos y equipados que cumplan con las expectativas de la población y puedan atender todo tipo de enfermedades. Se trata de Centros de Salud grandes con capacidad para atender urgencias y que sólo podrán realizar pequeñas intervenciones ambulatorias. El nuevo hospital de Vallecas será poco más de lo que ahora mismo es el Virgen de la Torre. Es lo que en otros sitios llaman centros diagnósticos de alta resolución, y no hospitales.

El Área 1 seguirá teniendo como hospital de referencia para todos el Gregorio Marañón, pero ahora con menos camas, lo que supondrá que seguirá tan saturado como hasta ahora. 

2.      La Comunidad no se ha coordinado con las otras Administraciones, especialmente con el Ayuntamiento de Madrid. Seguramente una consulta hubiese supuesto una remodelación de las Áreas y los Distritos Sanitarios y un mejor análisis de cuáles son los lugares más adecuados para los hospitales y cuál la población atendida.

Parece poco oportuno que se hagan a la vez un hospital en Parla, otro en Valdemoro y otro en Aranjuez, por poner un ejemplo de mala planificación. En nuestro caso y por cercanía, la población que debería incluirse en el nuevo Hospital de Vallecas sería Vicálvaro y Vallecas Villa, ya que los vecinos del Puente de Vallecas tendrán más fácil acercarse al Gregorio Marañón que venir hasta aquí, al contrario que nosotros. Sin embargo el plan unilateral de la Comunidad de Madrid excluye a los vecinos de Vicálvaro a favor de los de Puente de Vallecas.  

3.      La modalidad escogida para la creación de estos nuevos hospitales es la Concesión Administrativa. Esto supone que la empresa privada lo construye y lo explota (se lo queda en propiedad, por decirlo de un modo gráfico)

De esta forma, la Comunidad de Madrid (los madrileños) pagan por su uso en un contrato que en principio es a 30 años. Esto supone en realidad un “alquiler”, aunque la palabra no sea técnicamente correcta, pero con el agravante de que el propietario de los terrenos es la propia Comunidad de Madrid, pero paga por usarlo.

Se introduce un nuevo factor para el desarrollo de los servicios sanitarios en Madrid, que es la “obtención de beneficios”. Los directivos de la empresa que construye el edificio lo verán como un negocio más. Su finalidad será obtener el máximo beneficio posible. Este objetivo es lógico y defendible pero ¿qué pasará cuando su objetivo choque con un objetivo sanitario para la población? 

4.      Como todo alquiler, supondrá un importante encarecimiento en el precio. La empresa que construya el edificio tendrá que compensar los gastos de construcción, el hecho de haberlo adelantado, la posibilidad de algún riesgo que surgiera y, por supuesto, el beneficio empresarial.

Los cánones establecidos nos permiten afirmar que se va a pagar en los 30 años entre 5 y 6 veces el precio de un hospital de ese tipo (pasaremos de un coste posible de 680 millones de euros a 3.500 reales) Es decir, daría para construir en esos 30 años 40 hospitales.  

5.      La empresa concesionaria aprovecha además la explotación de las áreas que pueden ser lucrativas dentro de un complejo de este tipo. Tiene los derechos de explotación comercial de locales y tiendas (van a instalarse varios locales comerciales en el hall de cada hospital); de las máquinas expendedoras de bebidas y alimentos; del servicio de cafetería, bar y restaurante; del aparcamiento y de los teléfonos y televisiones en habitaciones y zonas comunes.

 Estos ingresos que en el resto de hospitales repercuten en una mejora del servicio al permitir al hospital tener mayores gastos, se convierten así en beneficio empresarial neto, puesto que no van a servir para disminuir la presión económica sobre la sanidad pública e irán directamente a las arcas de la empresa. 

6.      Los centros privados, al tener ánimo de lucro, funcional habitualmente con un tercio de la plantilla que otro centro sanitario público de similares características, aparte de que no son tan rigurosos con las titulaciones exigidas, establecen peores condiciones de trabajo (horarios, tareas,…) y sobreexplotan los recursos disponibles. Y esto lo afirman distintas auditorías realizadas por entidades públicas (entre ellas la Comunidad de Madrid), no es una afirmación peregrina, una suposición o un prejuicio ¿Será bueno eso para la calidad cuando hablemos de un hospital que funcione con la saturación habitual en la sanidad pública?

Aún asumiendo que los médicos y los enfermeros los pone la Comunidad de Madrid, el personal de limpieza, administrativos, celadores, auxiliares, personal de laboratorio, y otros, se fijarán mediante concierto entra la Comunidad y la empresa concesionaria. Pero en esta negociación tendrá ésta última el poder de decisión final, puesto que es concesionaria antes de sacar ninguna condición al respecto. Además el sistema de contratación permitirá a la empresa subcontratar con otras que trabajen más barato, y la administración estará cada vez más lejos de poder poner condiciones y ejercer control sobre los servicios recibidos. 

7.      Se dice que las empresas asumen el riesgo de que el hospital no funcione o de posibles fallos en la gestión, pero en realidad, en caso de quiebra, la Comunidad de Madrid no puede permitir el cierre de un hospital, por lo que tendrá que comprar los derechos que tiene la empresa concesionaria, o ceder a sus peticiones, con la dificultad de que es muy difícil negociar a la baja cuando dependes enteramente de la voluntad de la otra parte. En Alcira pasó algo similar , porque el modelo de gestión es parecido, y la Comunidad Valenciana tuvo que pagar por la totalidad del tiempo contratado. Para mayor gravedad del hecho, se volvió a sacar a concurso, volviendo a dar la concesión para la gestión del hospital a la misma empresa con unas condiciones mucho mejores.  

8.      La Comunidad de Madrid podrá ejercer sus derechos sobre este contrato igual que sobre cualquier otro de externalización de servicios. La diferencia fundamental estriba en que éste es a 30 años. El resto de contratos suele ser a 2 ó a 4 años, pero en este caso, al haber tanto interés en juego, cualquier medida pasa por un procedimiento largo y costoso, y de resultado incierto en todo caso. No es fácil pensar que ante cualquier problema se pueda fácilmente suspender la concesión y cambiar de empresa de servicios. 

9.      El control real del edificio lo ejerce la empresa constructora, que se convierte en “dueña virtual” del mismo. Cualquier cambio que desde el punto de vista asistencial se quiera realizar tiene que contar por tanto con su supervisión y autorización (incluso cambiar la ubicación de una consulta o instalar unos enchufes complementarios en una pared) Podría suceder (y sucederá) que cualquier cambio suponer un cambio en el canon (alquiler) que la Comunidad tiene que pagar anualmente. Las decisiones sobre un conjunto de actividades “no estrictamente sanitarias”, pero importantes para el desarrollo de la vida del hospital quedan así en manos privadas. Esto podría afectar, por ejemplo, a la decisión futura de poner un aparato de escáner nuevo ya que supondría una variación de los espacios disponibles y de su uso, o a añadir un sistema distinto de hacer llegar el oxígeno a las habitaciones.  

10.  Por último añadir que se ha acabado definitivamente con cualquier posibilidad de participación ciudadana en la gestión sanitaria. La planificación y control de la sanidad estará muy determinada al existir una parte importante fija, innegociable y con un gasto comprometido, quedando poca posibilidad para que el movimiento asociativo pueda influir en el futuro desarrollo de la sanidad en la áreas de salud de nuestra comunidad. 

En definitiva, sólo podemos sacar una ventaja posible de este sistema de gestión: Esperanza Aguirre se presentará a las elecciones de 2007 con los hospitales casi construidos pero sin haber pagado un solo euro ya que no se empezará a pagar hasta que no estén terminados, a mediados de 2007 (endeudando, eso sí, a sus sucesores durante los próximos 35 años, que ya es tiempo)

 

NUEVA ZONIFICACIÓN SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

El día 7 de agosto, con la mayoría de los madrileños de vacaciones, la Comunidad de Madrid publicó su nuevo proyecto de zonificación sanitaria. Lo que quiere decir es que se realiza una nueva división del territorio de la Comunidad en áreas, con una nueva distribución de los Centros de Salud y de los Centros Hospitalarios de referencia.

Era una remodelación esperada, pues las antiguas áreas de salud se habían quedado totalmente obsoletas debido al crecimiento de la población y su distribución, por lo que desde el PSOE veníamos solicitando la apertura de un debate intenso sobre este tema para dotar a nuestra Comunidad de una distribución más adecuada a sus necesidades. No obstante, no ha existido tal debate y si quiera se ha establecido una comunicación o consulta directa con los Ayuntamientos, administraciones más cercanas al ciudadano, para conocer su opinión y que puedan de transporte o dependencia de cada uno de los pueblos de Madrid. Este desconocimiento, especialmente referente a los pueblos más pequeños, que también los hay, motiva que algunos de ellos ya han manifestado que la situación en la que quedarán de aplicarse tal cual el proyecto será mucho más complicada en lo referente a transporte o comunicación con sus centros de referencia que en la distribución anterior.

No existe por otro lado ninguna previsión respecto a qué va a suceder con aquellos pacientes que están siendo tratados en un determinado centro pero que van a cambiar de servicio con la nueva zonificación.

Además de la crítica al hecho de que se haya anunciado en agosto, dejando el plazo de alegaciones al proyecto limitado hasta el 7 de octubre, con lo que pasará casi “de puntillas” por el debate público, hay varias cuestiones que resaltar en este plan:

• Lo primero es destacar que las áreas siguen siendo muy grandes, de cerca del medio millón de habitantes la mayoría de ellas.
• Se ha colocado como Hospital de Referencia de todo un área de salud (unas 450.000 personas) un hospital privado concertado, que es la Fundación Jiménez Díaz. En este hospital, como habrán comprobado los que haya estado allí, existen dos áreas de ingreso diferentes: una, más cuidada y mejor atendida, es para los pacientes “de pago”, que vienen con su tarjeta sanitaria de una sociedad médica; la otra, en peor estado, es para los pacientes que deriva al hospital la Seguridad Social. No se puede consentir que un hospital de referencia tenga un trato diferenciado que perjudique a los pacientes que son de su responsabilidad. Pero es que además, con las condiciones actuales del concierto, es muy difícil pensar que se van a poder establecer unos cauces suficientes de colaboración para que el hospital Jiménez Días se amolde a la política sanitaria del área, como debería ocurrir.
• Otros centros que se convierten en Hospitales de Referencia son claramente insuficientes. Me refiero al Hospital del Este, en Vallecas; al Hospital del Norte, en San Sebastián de los Reyes; y al Hospital de El Escorial. La política seguida por Esperanza Aguirre de hacer esos Centros de Atención Rápida, a los que se ha llamado hospitales ha llevado a que se tenga un déficit de hospitales de gran capacidad que abarquen todas las áreas de la sanidad. En Andalucía estos centros se llaman de Alta Resolución, para diferenciarlos de los Centros Hospitalarios clásicos en los que todos pensamos al oír la palabra hospital.

Aparte de eso, una “innovación” que va a conllevar el plan es que los Consultorios que hay en tantos pueblos de nuestra Comunidad pasen a llamarse Centros de Salud. No supone ninguna mejoría en el servicio o la atención que prestan, ni aumento de horarios ni de plantillas, pero obliga a llamar de igual modo a los Centros de Salud que hay en Madrid y a estos “nuevos” Centros de Salud, lo que puede servir para confundir a la población, establecer una posible fuente de equívocos a la hora de hablar de algo y permite un maquillaje de cifras al hablar de dinero invertido en Centros de Salud o de mejora de Centros de Salud, que en realidad antes se habría tenido que referir de otra forma. Es llamar igual a dos cosas que son distintas.

 

Carta publicada en El País el pasado viernes sobre la crisis del Severo Ochoa, por la que se está ejerciendo una represión sobre el personal laboral en general.

¿Casualidad, o caza de brujas veraniega en el Severo Ochoa? 

En los días centrales del mes de agosto hasta 5 responsables médicos del Hospital Severo Ochoa de Leganés han sido destituidos de sus puestos. Según la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid se deben al relevo “normal” que se produce en todos los hospitales. Lo cierto es que ya han sido purgados prácticamente todos aquellos que se atrevieron a ponerse frente a la Consejería para defender la inocencia de su hospital ante la acusación de “eutanasias masivas” realizadas a los enfermos terminales.

 

En esta ocasión se ha dado el relevo a los cargos más importantes y más comprometidos con el hospital y con el buen hacer de todos sus servicios. Los doctores Insausti, Fernando Jimeno y Frutos del Nogal han protagonizados los principales actos en defensa de su hospital. También es bueno recordar que fueron ellos, dirigiendo los equipos profesionales del Severo Ochoa, los que le colocaron hace menos de diez años en el “top 20” de los hospitales españoles. Ahora son destituidos sin más explicaciones que el hecho de que “han perdido la confianza”.                     

 

Las acusaciones no eran contra un médico, sino contra las prácticas “eutanásicas” llevadas a cabo por el Servicio de Urgencias del hospital, con la connivencia, cuando no acuerdo, del resto de servicios. Y las acusaciones no eran de mala praxis, sino de decisión activa de acabar con la vida de los pacientes. Recordemos el apelativo de “Doctor Muerte”, que algunos medios de comunicación dirigieron al Doctor Luis Montes.

 

Es un acto político más dentro de la campaña de desprestigio que sufrió el hospital desde el principio de la “crisis”. Una prueba más de que el Partido Popular se toma los cargos de dirección de los hospitales como puestos para “colocar” a sus aliados. No son para el Señor Lamela cargos técnicos que tengan que ocupar personas de calidad profesional probada, sino puestos de confianza. Por ello hemos visto desfilar por la dirección de Áreas de Salud, Hospitales y servicios a gentes provinientes de las sucesivas derrotas que ha tenido el PP en elecciones generales y autonómicas, en muchas ocasiones sin ninguna relación con la medicina y, mucho menos, con la gestión de centros hospitalarios. Grandes hospitales de la Comunidad, como el Ramón y Cajal o el Hospital de Alcorcón, soportan una  media superior a un director de hospital anual. El propio Severo Ochoa ha conocido al menos 3 directores en los últimos dos años. Así es imposible crear estrategias a medio plazo de mejora de los servicios. Es una prueba más de la necesidad que tenemos de crear puestos profesionales para los cargos de gestión de centros, alejándolos todo lo posible de esta especie de “comisarios políticos” en lo que se han convertido.

 

REPRODUZCO EL ARTÍCULO DE OPINIÓN QUE PUBLICÓ EL PAÍS EL LUNES 7 DE AGOSTO. AHORA NO HAY MARCHA ATRÁS POSIBLE, Y LA SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID VA A ESTAR CONDICIONADAS DE FORMA IMPORTANTE POR DECISIONES QUE TOMEN LAS EMPRESAS QUE DIRIGEN LOS HOSPITALES

 Hablaba ese editorial del peligro de la privatización "por la puerta de atrás" que se ha hecho de la Sanidad Madrileña. Comparto la opinión de que debería haberse abierto un debate, o al menos una campaña informativa sobre un tema de tal trascendencia, de esas que son tan frecuentes por otro lado por la Comunidad de Madrid y su Presidenta. Es evidente que en Madrid, al igual que en Valencia, se ha introducido el ánimo de lucro, o los beneficios económicos, como un factor más que determine las políticas a seguir por  las autoridades sanitarias, puesto que muchas y muy importantes decisiones estratégicas vas a estar en manos de las empresas adjudicatarias de la gestión y dirección de los hospitales. Es un paso más en los avances de la línea neocon que guía las políticas de la Comunidad de Madrid.

Desde el PSOE venimos reclamando explicaciones a Esperanza Aguirre por el proceso que va a suponer que la cuarta parte de la población madrileña pase a depender en el ámbito sanitario de entidades privadas regidas por el ánimo de lucro -legítimamente, aclaraba de forma innecesaria, el editorialista. A partir de ahora, y de manera irremediable, al menos durante los próximos 35 años (a los que se refiere la concesión del servicio), se van a supeditar algunas medidas sanitarias para una parte importante de madrileños a las deliberaciones del consejo de administración de grandes empresas.

La cuestión no es tan insignificante como desde la Presidencia de la Comunidad de Madrid se quiere hacer ver, puesto que supone una ligadura para las futuras pautas o reformas que se quieran emprender en Madrid en Sanidad, tan necesitada de expectativas. Al menos merecemos que se clarifique a los madrileños qué importantes decisiones sobre política  hospitalaria van a quedar como competencia exclusiva de empresas pendientes, lógicamente, de su cuenta de resultados.

Es probable que tanto las explicaciones añadidas que daba su periódico como el adverbio que uso en la frase anterior provengan del miedo a ser considerados "progres trasnochados", calificativo que se da a quienes tenemos confianza en "lo público". Pero mientras, la sociedad tiene las ideas claras y las cifras son tozudas. Más de 40.000 madrileños han sido excluidos de la lista de espera quirúrgica, la mayoría de ellos por renunciar a ser intervenidos en una clínica privada. Lo rechazan porque conocen para bien la Sanidad Pública, a pesar de que también saben que así entran en un “limbo” de la lista de espera, no son contabilizados, y desaparece toda información sobre las fechas de su operación.

Reproduzco a continuación el texto íntegro del diario.

Privatización

de soslayo

SIN APENAS reflexión previa, la Comunidad de Madrid

ha emprendido desde 2003 un decidido proceso de privatización

de los servicios de la sanidad pública. Hace tres

años, los centros públicos y las fundaciones sin ánimo

de lucro ofrecían prácticamente el 100% de la asistencia

hospitalaria a los madrileños. Cuando termine 2007,

más de un millón y medio de ciudadanos (una cuarta

parte de la población) será atendido en hospitales enteramente

privados o de gestión mixta pública y privada.

Medio millón de ellos lo serán en dos hospitales, la

histórica Fundación Jiménez Díaz y el nuevo hospital

de Valdemoro, propiedad de la multinacional sueca Capio,

cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Estocolmo.

La salud de otro millón estará en manos de hospitales

gestionados bajo concesión administrativa, en los

que sólo los médicos y el personal de enfermería estarán

bajo control público. Aunque los caminos que han

llevado a esta situación han sido distintos (la crisis de la

Fundación Jiménez Díaz en un caso, la necesidad de

construir nuevos hospitales en el otro), el principio que

los sustenta es el mismo: la supuesta superioridad de

gestión privada sobre la gestión pública. Superioridad

refutada por los hechos cuando se trata de servicios

públicos esenciales.

Unos cambios de tal magnitud merecen al menos un

debate público que los dos últimos Gobiernos del PP en

Madrid, el del hoy alcalde Alberto Ruiz-Gallardón y el

actual de Esperanza Aguirre, no han llevado a cabo.

Pero el problema de fondo es que la salud de medio

millón de madrileños queda al albur de los intereses de

la empresa sueca Capio, que gestiona y controla el

centro, cuyos intereses cotizan en la Bolsa de Estocolmo

y cuya racionalidad de mercado —legítima— puede

llegar a chocar con necesidades de servicios médicos

que no siempre serán rentables.

Este proceso de privatización silenciosa también

ofrece serias dudas desde el punto de vista democrático.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se presentó

a las elecciones generales con la promesa de construir

siete nuevos hospitales. Explicó con toda profusión de

detalles la ubicación, tamaño y servicios médicos que

iban a ofrecer los nuevos centros. Pero no dijo nada

sobre cómo pensaba financiarlos. Una vez en el poder,

desveló sus planes. Contaba con que ningún alcalde o

grupo de población, ante la disyuntiva de tener un

hospital público/privado o no tener ninguno, iba a oponerse

a sus intenciones.

Un dato debe llevar a la reflexión a quienes se propongan

aplicar modelos privados en el ámbito de la

sanidad pública. El porcentaje de pacientes de la sanidad

pública que rechazan operarse en clínicas privadas,

dentro del plan para reducir la lista de espera, se ha

multiplicado por cuatro en sólo dos años. Algunos esperan

más de un año con tal de poder operarse en su

hospital del sistema público. Es el mejor ejemplo de que

para muchos ciudadanos la sanidad pública constituye

un pilar irrenunciable del Estado.

Privatización

de soslayo

SIN APENAS reflexión previa, la Comunidad de Madrid

ha emprendido desde 2003 un decidido proceso de privatización

de los servicios de la sanidad pública. Hace tres

años, los centros públicos y las fundaciones sin ánimo

de lucro ofrecían prácticamente el 100% de la asistencia

hospitalaria a los madrileños. Cuando termine 2007,

más de un millón y medio de ciudadanos (una cuarta

parte de la población) será atendido en hospitales enteramente

privados o de gestión mixta pública y privada.

Medio millón de ellos lo serán en dos hospitales, la

histórica Fundación Jiménez Díaz y el nuevo hospital

de Valdemoro, propiedad de la multinacional sueca Capio,

cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Estocolmo.

La salud de otro millón estará en manos de hospitales

gestionados bajo concesión administrativa, en los

que sólo los médicos y el personal de enfermería estarán

bajo control público. Aunque los caminos que han

llevado a esta situación han sido distintos (la crisis de la

Fundación Jiménez Díaz en un caso, la necesidad de

construir nuevos hospitales en el otro), el principio que

los sustenta es el mismo: la supuesta superioridad de

gestión privada sobre la gestión pública. Superioridad

refutada por los hechos cuando se trata de servicios

públicos esenciales.

Unos cambios de tal magnitud merecen al menos un

debate público que los dos últimos Gobiernos del PP en

Madrid, el del hoy alcalde Alberto Ruiz-Gallardón y el

actual de Esperanza Aguirre, no han llevado a cabo.

Pero el problema de fondo es que la salud de medio

millón de madrileños queda al albur de los intereses de

la empresa sueca Capio, que gestiona y controla el

centro, cuyos intereses cotizan en la Bolsa de Estocolmo

y cuya racionalidad de mercado —legítima— puede

llegar a chocar con necesidades de servicios médicos

que no siempre serán rentables.

Este proceso de privatización silenciosa también

ofrece serias dudas desde el punto de vista democrático.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se presentó

a las elecciones generales con la promesa de construir

siete nuevos hospitales. Explicó con toda profusión de

detalles la ubicación, tamaño y servicios médicos que

iban a ofrecer los nuevos centros. Pero no dijo nada

sobre cómo pensaba financiarlos. Una vez en el poder,

desveló sus planes. Contaba con que ningún alcalde o

grupo de población, ante la disyuntiva de tener un

hospital público/privado o no tener ninguno, iba a oponerse

a sus intenciones.

Un dato debe llevar a la reflexión a quienes se propongan

aplicar modelos privados en el ámbito de la

sanidad pública. El porcentaje de pacientes de la sanidad

pública que rechazan operarse en clínicas privadas,

dentro del plan para reducir la lista de espera, se ha

multiplicado por cuatro en sólo dos años. Algunos esperan

más de un año con tal de poder operarse en su

hospital del sistema público. Es el mejor ejemplo de que

para muchos ciudadanos la sanidad pública constituye

un pilar irrenunciable del Estado.

 

El Gobierno aprueba el reparto de 37,89 millones de euros a las CC.AA. para políticas de prevención y cohesión del sistema sanitario

En la última reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Naciona de Salud, celebrada el día 29 de marzo, se aprobó la distribución de estos fondos en diferentes propuestas de partidas relacionadas con la prevención, pieza fundamental de toda política sanitaria, y que serán administrados por la Comunidades Autónomas dentro de sus competencias, precisamente en el marco de lograr una sanidad más unificada y con más igualdad territorial para todos los españoles, sin diferencias por su lugar de residencia. Dentro de este propósito se situa también la más que inminente aprobación del Real Decreto de Cartera Básica de Servicios. Esta unificación de las prestaciones sanitarias básicas que TODOS los españoles tienen aseguradas viene a rellenar un vacío producido por la falta de actualización de esta lista de servicios básicos que no se producía desde 1995, lo que había llevado a una variación enorme entre diferentes comunidades que ahora se pretende mitigar.  

§     La cuantía total se distribuye en las siguientes partidas: políticas de prevención del tabaquismo (14 millones), seguridad del paciente y de los profesionales sanitarios (5), lucha contra el sida (4,8), mejora de los sistemas de información sanitaria (3), estrategias de salud (6,7), prevención de enfermedades emergentes (2,4) y atención perinatal (2)

Respecto al primero de los puntos, destacar:

-          Programas dirigidos a la prevención del inicio de consumo de tabaco, especialmente entre niños y adolescentes, con el objetivo de retrasar en nuestro país la edad de inicio de este consumo, que en la actualidad es una de las más bajas de la Unión Europea (13 años). 

-          Programas para ayudar a dejar el tabaco, dirigidos tanto a grupos considerados como población de riesgo (mujeres embarazadas, pacientes fumadores hospitalizados, población fumadora con patologías ocasionadas por el tabaco, población inmigrante y grupos sociales desfavorecidos) como a actuaciones en el ámbito laboral (potenciación de las unidades de deshabituación tabáquica, formación y sensibilización de profesionales sanitarios y educadores, etc.). 

-          Programas de potenciación de los espacios sin humo (mediante la potenciación de los mecanismos de vigilancia, inspección y control de estos espacios y campañas de sensibilización e información).

 

 

SOBRE EL SEVERO OCHOA, HOSPITAL DE LEGANÉS

 Se está, desde el equipo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, transmitiendo la información de que el informe de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos referente al "Caso Leganés", les da la razón. Nada más lejos de la verdad.

• La primera conclusión que hay que sacar es que en NINGÚN CASO SE PUEDE JUSTIFICAR QUE HUBIERA INTENCIÓN ALGUNA DE ASESINAR. Si hubiera habido un asesinato (o varios) como finalidad, estaría claro porque las dosis serían mortales de necesidad. Si un médico quiere matar utiliza dosis letales, no aquellas que estén en el límite o que puedan crear dudas entre los propios colegas. Máxime cuando se afirmaba que esa era la norma en el Hospital Severo Ochoa, y que no había ninguna intención de ocultarlo porque nadie podía sospechar. Recordamos que la denuncia anónima a la que hizo caso la Consejería de Sanidad hablaba de eutanasia masiva y más de 400 asesinatos y que un periódico llegó a hablar de Luis Montes como el "Doctor Muerte" (realmente lo demencial es que desde toda una Consejería de Sanidad se hiciera caso a una denuncia anónima y en esos términos tan paranóicos) "no es posible afirmar o negar con certeza absoluta si la causa directa de la muerte de alguno de los pacientes sedados fue la medicación administrada".
• Los pacientes eran terminales con pronóstico infausto en un breve periódo, por lo que no se debe hablar de Eutanasia, como escuchamos siempre desde la Consejería de Sanidad  "Estos pacientes tenían todos ellos enfermedades muy graves y un pronóstico de muerte muy próxima, y por lo que en ellos la sedación no añadía ningún beneficio cierto".
• Afirma claramente que no existen dosis "adecuadas" de medicamento, sino que éstas se deben basar en un conocimiento de las reacciones individuales de los pacientes concretos "Respecto a la individualización del tratamiento, lo que se pretende es proporcionar una sedación ajustada a los requerimientos de cada paciente y, aunque se recomienda la utilización de una escala de respuesta estandarizada, se admite que es suficiente con el registro de la situación clínica del paciente de forma periódica".
• El tratamiento del dolor es prioritario, salvo condicionamientos adversos "Salvo en los casos en que se conozca con certeza la voluntad en sentido contrario del paciente, es una buena práctica médica evitar el dolor y/o malestar en las fases preagónica y agónica recurriendo a la analgesia y/o sedación terminal, si fuera necesario, para conseguir este fin"
• No es necesaria la autorización escrita para aplicar tratamiento sedativo. Esta autorización consta en todos los historiales salvo en dos. "Incluso en algunos historias se recoge que la familia firma un documento de consentimiento. La SEPCAL considera, no obstante, que no es obligada la firma de un documento específico, siendo válido la constancia de la autorización". 
•  Que en los casos más graves se tratamás de una falta de información en la Historia Clínica, que de una real mala administración de fármacos. Como afirma el propio informe, referiéndose a los casos en los que no se puede demostrar la indicación de la sedación "La Historia Clínica no documenta enfermedad terminal, no está demostrado que el síntoma sea refractario al tratamiento habitual y/o no existe justificación de la no existencia de una alternativa terapeútica"

Me tocó también contestar al PP por su oposición incial al desarrollo de la Ley del Tabaco. En este caso querían más o menos que desarrolláramos su Plan, lo que ellos en 8 años no hicieron, y paralizar la Ley nueva y realmente innovadora,. Lo que pretende hacer Lamela en Madrid, vamos.

El señor JUAN JULIÁN ELOLA RAMÓN:

Para defender la Ley del Tabaco.

En primer lugar, destacar la poca, poquísima prisa, que se dió el Partido Popular en ocho años de gobierno para sacar adelante algún Plan o idea realmente efectiva contra el tabaquismo, la principal epidemia de salud que tenemos en la actualidad. De hecho, existe una nota de prensa sacada por la Separ, por la Sociedad Española de Neumología, en febrero de 2004, quejándose de que, después de un año largo de aplicación del Plan Nacional contra el Tabaco todavía no se hubiera tomado ninguna medida seria. Recuerden que su gobierno terminó en marzo de 2004, es decir, que se puede resumir en que no hicieron nada.

En principio quiero aclarar, con relación a esta última exposición, que no se puede comparar la contaminación atmosférica producida por el uso de carburantes orgánicos con la contaminación producida por el tabaco, por los efectos adversos, sobre todo debido a su concentración. Estamos hablando de lugares cerrados donde la concentración de humo es muy grande y por lo tanto el efecto negativo también es muy grande. Además, el humo del tabaco se aspira directamente y pasa directamente al pulmón, con lo cual el efecto es muy directo. Por otra parte, considerando la utilidad que tiene el tabaco frente a la utilidad que tiene el uso de carburantes, nuestra actitud es claramente en contra del tabaco.

Respecto a la exposición del portavoz del Grupo Popular, hay un par de cosas que habría que aclarar. Al inicio de su exposición parecía que se iban a centrar más en los efectos negativos del tabaco, pero finalmente han terminado dando por hecho la clara prioridad que tenía el Partido Popular con el tema de la lucha contra el tabaquismo, con el tema del mantenimiento de los espacios libres de humo. A mí me gustaría puntualizar alguna cosita con respecto a esa prioridad que ha mantenido el Partido Popular. Por ejemplo, salvando lo que es la adaptación de directivas europeas, de obligado cumplimiento y por tanto de obligada trasposición a la legislación española, los primeros datos, las primeras  ntervenciones de responsables del Ministerio de Sanidad y Consumo referentes a la posibilidad de que hubiera un proyecto, de que hubiera un plan nacional, que todavía no tenía un nombre, datan del año 1999; poca prisa se dieron cuando ya llevaban más de tres años gobernando. Proporcionalmente, deberían haber esperado hasta el año 2007, para que un Gobierno socialista, que llegó al Gobierno en el año 2004, diera algún indicio de preocuparse del tema del tabaco. En el año 2001 se presenta el primer borrador.

Desde el año 1999 hasta 2001 pasan dos años y unas elecciones, ya se ha agotado la primera legislatura en la que el Partido Popular no ha sacado ese proyecto o ese borrador ni nada similar, y poca prisa se vuelven a dar cuando dos años después es cuando sacan el primer borrador del Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo.

Se aprueba el borrador, se convierte ya en plan en el año 2003. De nuevo dejan pasar dos años para la aprobación de ese borrador; otra vez asistimos a una prioridad para cuyo establecimiento se da muy poca prisa.

Después del año 2003, el año y medio que están todavía en el Gobierno, no se hace prácticamente nada; se dan muy poca prisa para la aplicación de medidas contra el tabaco y medidas para espacios libres de humo. Se dedican en ese año y medio algo más de 3 millones de euros para la financiación a las comunidades autónomas de los planes contra el tabaco. En el año 2004, el Gobierno socialista actual pone algo más de 12 millones de euros encima de la mesa, repartidos entre las comunidades autónomas, para tomar medidas contra el tabaco dentro de ese Plan Nacional contra el Tabaco. Y en el año 2005, del que han transcurrido tres meses escasos, ya en marzo, se ponen otra vez 12,15 millones de euros, a repartir entre las comunidades autónomas, para tomar de nuevo medidas en el Plan Nacional contra el Tabaco.

Ahora quieren ir más rápido. ¿Más rápido que qué? ¿Más rápido que este último año o más rápido que los ocho años del Partido Popular, donde las medidas fueron no solo insuficientes, sino, a las pruebas me remito, más bien escasas? Ahora mismo, llevamos un mes entero hablando de medidas contra el tabaco. No hace falta que lo traigamos a la Cámara, llevamos un mes entero donde los periódicos y los medios de comunicación están continuamente hablando de las medidas que se van a tomar contra el tabaco, y, además, nos consideran  al Congreso de los Diputados o al Gobierno actual como el azote de los fumadores.

Parece más bien que estamos pasándonos por exceso que por defecto. Hemos avanzado muchísimo más —yo tengo puestas tres cruces, como médico— en un año en medidas antitabaco que en las dos legislaturas anteriores, que en los ocho años anteriores. Hemos pasado de un plan nacional a una ley. ¿Considera el Partido Popular que es peor tener una ley, que regula la venta, el suministro, el consumo y la publicidad, que un plan nacional, que al fin y al cabo regula lo mismo?

Hemos pasado de las palabras del Partido Popular, de un plan escrito, sobre el papel, sin financiación, a los hechos, a más de 24 millones, casi 25 millones de euros repartidos en año y medio a las comunidades autónomas para tomar medidas contra el tabaco. ¿Es peor o le parece poco al Partido Popular que se haga así? ¿Le parece que se hacía mejor antes?

Se pasa de medidas como promover y fomentar, que son las que se toman con el plan nacional, a legislar y regular, que es lo que se hace ahora con un anteproyecto de ley que ya ha pasado la fase de alegaciones; por ejemplo, los espacios sin humo, de promoverlos se pasa a legislarlos y a regularlos. ¿Es peor, o le parece al Partido Popular que se debería hacer más deprisa? Hemos pasado de una financiación incógnita, de una financiación en duda, de una financiación que en el borrador del proyecto se define con un porcentaje equis —en el borrador del proyecto, los recursos financieros dotados por la Administración central son el equis por ciento de lo recaudado— a un proyecto definitivo.

En el plan nacional aprobado, la Administración General del Estado aportará un porcentaje de lo recaudado por los impuestos especiales del tabaco, un porcentaje obviamente sin definir. Se define muy bien: 0,25 euros per cápita y año deben destinar las comunidades autónomas, se pone una equis cuando decimos lo que debe destinar la Administración central del Estado. Pasamos de una equis a 25 millones en poco más de un año. ¿Es peor o les parece poco?
Yo le rogaría que cuando terminemos esta sesión, si les parece poco, saquen una nota de prensa exigiendo al Gobierno medidas más duras contra el tabaco o diciendo que las medidas que se están tomando les parecen insuficientes. Se lo agradecería porque en esta batalla contra el tabaco cualquier aliado que exija que pasemos a una situación más activa será bienvenido. Si no, la impresión que da es que lo único que están reivindicando

es un nombre, que lo único que piden es la autoría de un nombre, el llamado plan nacional, para poder apuntarse la paternidad del plan o la paternidad de las medidas que se tomen.

Están pidiendo la patria potestad de un proyecto y no están pidiendo otra cosa. Además, están pidiendo la patria potestad de un proyecto que no les corresponde, porque se ha quedado ya bastante obsoleto, y que ha alcanzado ampliamente la mayoría de edad, con lo cual nadie se la va a dar.

Estamos hablando de ocho años de gobierno del Partido Popular, de dos legislaturas y de un balance que parece más bien pobre, por no decir muy pobre. Lo único positivo realmente que puede decirse de esos ocho años fue que en 2002, camino de 2003, ya aprobando los planes de 2003/2007, al final prácticamente de la segunda legislatura, repito, la segunda, o sea, cuando ya llevaban seis o siete años de gobierno, se consideró la EPOC como una enfermedad prevalente, lo cual le dio fundamento para poder ser objetivo prioritario en el plan de investigación 2003/2007. Eso estaría muy bien si además se hubieran aportado más fondos para la investigación, pero al no haber más fondos para la investigación, pues el único resultado es que el mismo dinero para investigación o incluso un poco menos se repartió entre más proyectos, o, como dirían muy claramente en mi pueblo y en unas fechas como las que vienen de Semana Santa, muy propiamente lo que se hizo fue desnudar a un santo para vestir a otro, y no se hizo otra cosa.
Nosotros nos vamos a oponer a la aprobación de esta proposición no de ley, porque nos parece que el plan está altamente superado. Como ya he dicho, ese plan ya ha pasado a ley, ha cumplido la mayoría de edad, las medidas que se toman están muy bien encaminadas, en el mismo sentido que ustedes dicen, pero con un anteproyecto de ley, lo cual le da un rango de ley, le da mucha más fuerza legislativa. Yo les aconsejaría que leyeran ese anteproyecto, que me imagino que los consejeros de las comunidades autónomas con representación del PP tendrán en su poder, y que, después de leerlo, hagan las peticiones del rango que consideren oportunas.