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La página de Juan Julián Elola

Privatización

de soslayo

SIN APENAS reflexión previa, la Comunidad de Madrid

ha emprendido desde 2003 un decidido proceso de privatización

de los servicios de la sanidad pública. Hace tres

años, los centros públicos y las fundaciones sin ánimo

de lucro ofrecían prácticamente el 100% de la asistencia

hospitalaria a los madrileños. Cuando termine 2007,

más de un millón y medio de ciudadanos (una cuarta

parte de la población) será atendido en hospitales enteramente

privados o de gestión mixta pública y privada.

Medio millón de ellos lo serán en dos hospitales, la

histórica Fundación Jiménez Díaz y el nuevo hospital

de Valdemoro, propiedad de la multinacional sueca Capio,

cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Estocolmo.

La salud de otro millón estará en manos de hospitales

gestionados bajo concesión administrativa, en los

que sólo los médicos y el personal de enfermería estarán

bajo control público. Aunque los caminos que han

llevado a esta situación han sido distintos (la crisis de la

Fundación Jiménez Díaz en un caso, la necesidad de

construir nuevos hospitales en el otro), el principio que

los sustenta es el mismo: la supuesta superioridad de

gestión privada sobre la gestión pública. Superioridad

refutada por los hechos cuando se trata de servicios

públicos esenciales.

Unos cambios de tal magnitud merecen al menos un

debate público que los dos últimos Gobiernos del PP en

Madrid, el del hoy alcalde Alberto Ruiz-Gallardón y el

actual de Esperanza Aguirre, no han llevado a cabo.

Pero el problema de fondo es que la salud de medio

millón de madrileños queda al albur de los intereses de

la empresa sueca Capio, que gestiona y controla el

centro, cuyos intereses cotizan en la Bolsa de Estocolmo

y cuya racionalidad de mercado —legítima— puede

llegar a chocar con necesidades de servicios médicos

que no siempre serán rentables.

Este proceso de privatización silenciosa también

ofrece serias dudas desde el punto de vista democrático.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se presentó

a las elecciones generales con la promesa de construir

siete nuevos hospitales. Explicó con toda profusión de

detalles la ubicación, tamaño y servicios médicos que

iban a ofrecer los nuevos centros. Pero no dijo nada

sobre cómo pensaba financiarlos. Una vez en el poder,

desveló sus planes. Contaba con que ningún alcalde o

grupo de población, ante la disyuntiva de tener un

hospital público/privado o no tener ninguno, iba a oponerse

a sus intenciones.

Un dato debe llevar a la reflexión a quienes se propongan

aplicar modelos privados en el ámbito de la

sanidad pública. El porcentaje de pacientes de la sanidad

pública que rechazan operarse en clínicas privadas,

dentro del plan para reducir la lista de espera, se ha

multiplicado por cuatro en sólo dos años. Algunos esperan

más de un año con tal de poder operarse en su

hospital del sistema público. Es el mejor ejemplo de que

para muchos ciudadanos la sanidad pública constituye

un pilar irrenunciable del Estado.

 

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