REPRODUZCO EL ARTÍCULO DE OPINIÓN QUE PUBLICÓ EL PAÍS EL LUNES 7 DE AGOSTO. AHORA NO HAY MARCHA ATRÁS POSIBLE, Y LA SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID VA A ESTAR CONDICIONADAS DE FORMA IMPORTANTE POR DECISIONES QUE TOMEN LAS EMPRESAS QUE DIRIGEN LOS HOSPITALES
Hablaba ese editorial del peligro de la privatización "por la puerta de atrás" que se ha hecho de la Sanidad Madrileña. Comparto la opinión de que debería haberse abierto un debate, o al menos una campaña informativa sobre un tema de tal trascendencia, de esas que son tan frecuentes por otro lado por la Comunidad de Madrid y su Presidenta. Es evidente que en Madrid, al igual que en Valencia, se ha introducido el ánimo de lucro, o los beneficios económicos, como un factor más que determine las políticas a seguir por las autoridades sanitarias, puesto que muchas y muy importantes decisiones estratégicas vas a estar en manos de las empresas adjudicatarias de la gestión y dirección de los hospitales. Es un paso más en los avances de la línea neocon que guía las políticas de la Comunidad de Madrid.
Desde el PSOE venimos reclamando explicaciones a Esperanza Aguirre por el proceso que va a suponer que la cuarta parte de la población madrileña pase a depender en el ámbito sanitario de entidades privadas regidas por el ánimo de lucro -legítimamente, aclaraba de forma innecesaria, el editorialista. A partir de ahora, y de manera irremediable, al menos durante los próximos 35 años (a los que se refiere la concesión del servicio), se van a supeditar algunas medidas sanitarias para una parte importante de madrileños a las deliberaciones del consejo de administración de grandes empresas.
La cuestión no es tan insignificante como desde la Presidencia de la Comunidad de Madrid se quiere hacer ver, puesto que supone una ligadura para las futuras pautas o reformas que se quieran emprender en Madrid en Sanidad, tan necesitada de expectativas. Al menos merecemos que se clarifique a los madrileños qué importantes decisiones sobre política hospitalaria van a quedar como competencia exclusiva de empresas pendientes, lógicamente, de su cuenta de resultados.
Es probable que tanto las explicaciones añadidas que daba su periódico como el adverbio que uso en la frase anterior provengan del miedo a ser considerados "progres trasnochados", calificativo que se da a quienes tenemos confianza en "lo público". Pero mientras, la sociedad tiene las ideas claras y las cifras son tozudas. Más de 40.000 madrileños han sido excluidos de la lista de espera quirúrgica, la mayoría de ellos por renunciar a ser intervenidos en una clínica privada. Lo rechazan porque conocen para bien la Sanidad Pública, a pesar de que también saben que así entran en un “limbo” de la lista de espera, no son contabilizados, y desaparece toda información sobre las fechas de su operación.
Reproduzco a continuación el texto íntegro del diario. Privatización de soslayo ha emprendido desde 2003 un decidido proceso de privatización de los servicios de la sanidad pública. Hace tres años, los centros públicos y las fundaciones sin ánimo de lucro ofrecían prácticamente el 100% de la asistencia hospitalaria a los madrileños. Cuando termine 2007, más de un millón y medio de ciudadanos (una cuarta parte de la población) será atendido en hospitales enteramente privados o de gestión mixta pública y privada. Medio millón de ellos lo serán en dos hospitales, la histórica Fundación Jiménez Díaz y el nuevo hospital de Valdemoro, propiedad de la multinacional sueca Capio, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Estocolmo. La salud de otro millón estará en manos de hospitales gestionados bajo concesión administrativa, en los que sólo los médicos y el personal de enfermería estarán bajo control público. Aunque los caminos que han llevado a esta situación han sido distintos (la crisis de la Fundación Jiménez Díaz en un caso, la necesidad de construir nuevos hospitales en el otro), el principio que los sustenta es el mismo: la supuesta superioridad de gestión privada sobre la gestión pública. Superioridad refutada por los hechos cuando se trata de servicios públicos esenciales. Unos cambios de tal magnitud merecen al menos un debate público que los dos últimos Gobiernos del PP en Madrid, el del hoy alcalde Alberto Ruiz-Gallardón y el actual de Esperanza Aguirre, no han llevado a cabo. Pero el problema de fondo es que la salud de medio millón de madrileños queda al albur de los intereses de la empresa sueca Capio, que gestiona y controla el centro, cuyos intereses cotizan en la Bolsa de Estocolmo y cuya racionalidad de mercado —legítima— puede llegar a chocar con necesidades de servicios médicos que no siempre serán rentables. Este proceso de privatización silenciosa también ofrece serias dudas desde el punto de vista democrático. La presidenta de la Comunidad de Madrid se presentó a las elecciones generales con la promesa de construir siete nuevos hospitales. Explicó con toda profusión de detalles la ubicación, tamaño y servicios médicos que iban a ofrecer los nuevos centros. Pero no dijo nada sobre cómo pensaba financiarlos. Una vez en el poder, desveló sus planes. Contaba con que ningún alcalde o grupo de población, ante la disyuntiva de tener un hospital público/privado o no tener ninguno, iba a oponerse a sus intenciones. Un dato debe llevar a la reflexión a quienes se propongan aplicar modelos privados en el ámbito de la sanidad pública. El porcentaje de pacientes de la sanidad pública que rechazan operarse en clínicas privadas, dentro del plan para reducir la lista de espera, se ha multiplicado por cuatro en sólo dos años. Algunos esperan más de un año con tal de poder operarse en su hospital del sistema público. Es el mejor ejemplo de que para muchos ciudadanos la sanidad pública constituye un pilar irrenunciable del Estado.
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Carmen Sánchez Carazo -