UN INSPECTOR DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID RATIFICA QUE EN 2003 YA SE DESCARTÓ LA MALA PRAXIS EN LAS SEDACIONES DEL SEVERO OCHOA
COPIO LA NOTA DE PRENSA DE EUROPA PRESS DE AYER, 29 DE SEPTIEMBRE. Espero que le aclare muchas dudas a alguien que, si las tenía, es que iba con ideas preconcebidas porque todo estuvo claro desde el principio, aunque ahora se comience, al fin, a demostrar vía judicial. A quien quiera conocerlo en profundidad, le recomiendo que lea el libro de Luis Montes "El Caso Leganés". Yo he escrito varios artículos sobre el tema, en muchos de los cuales realizo un pequeño resumen sobre la situación en ese momento: sobre las sentencias de absolución (SON INOCENTES, no es que no sean culpables), sobre la represión desatada en el hospital contra los médicos que apoyaron a Montes, y sobre el informe de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Médicos, el único informe que debería haber tenido validez para la Consejería.
(Tomo la foto prestada del flickr de mi amigo Rafa Gómez, Alcalde de Leganés, donde se encuentra el Severo Ochoa, y blogger)
Un inspector de la Consejería de Sanidad ratificó hoy durante su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid que en 2003 ya se descartó que hubiera ’mala praxis’ en las sedaciones practicadas a los enfermos terminales en el servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés.
La comparecencia de este inspector se enmarca en las diligencias abiertas para investigar una querella interpuesta por el doctor Luis Montes, el entonces coordinador de este servicio, por denuncia falsa en el ’caso Leganés’ contra el ex consejero de Sanidad Manuel Lamela y seis médicos que participaron en un informe en el que se acusó a Montes y a sus compañeros de sedaciones fuera de la ’lex artis’.
Según fuentes jurídicas, el testigo explicó que las sedaciones realizadas en las Urgencias se habían investigado en 2003 por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Al carecer el hospital de un protocolo sobre los procedimientos seguidos, se realizaron entrevistas con médicos y facultativos del centro para comprobar si las sedaciones se realizaban de forma adecuada.
"Con las inspecciones, se concluyó que era el procedimiento correcto y que las Urgencias reunían las condiciones adecuadas para guardar la intimidad de los enfermos", señaló la abogada de Montes, María José Díez Veiga, quien apuntó que el inspector aseguró que las Urgencias disponía de dos habitaciones habilitadas para las sedaciones en las que el paciente terminal podía estar acompañado de su familia.
CASO OMISO AL INFORME
Pese a este informe, Lamela decidió en 2005 seguir adelante con las denuncias anónimas contra montes para llevar el caso a los tribunales. A raíz de la denuncia, el ex dirigente popular solicitó el 8 de marzo de 2005 al viceconsejero de Sanidad en aquella época, Arturo Canalda, que indagara sobre los hechos denunciados.
En una carta, Canalda informó a Lamela que la propia Consejería de Sanidad y el Comité de Ética de Getafe habían determinado dos años antes que no había indicios sobre la ’mala praxis’ en las Urgencias del Severo Ochoa.
Dos días después, Lamela llevó el caso a la Fiscalía de Madrid, que inicialmente pensó en archivar la causa al no hallar delito. Sin embargo, el ’popular’ creo una comisión de expertos formada por médicos nombrados a dedo para elaborar un informe que avalara la acusación contra Montes y su equipo.
La abogada de Montes recordó que los médicos del Comité de Expertos que elaboraron este informe reconocieron que no se entrevistaron con los médicos de las Urgencias para redactar el escrito. "Recibieron presiones para sacar adelante el informe", recalcó la letrada.
El pasado abril, la juez admitió a trámite una querella interpuesta por Montes y su compañero del mismo centro Miguel Ángel López Varas contra Lamela por dar pábulo a una denuncia anónima para acusar a Montes y a su equipo de 400 homicidios por la presunta práctica de sedaciones irregulares.
La querella se dirige también contra seis médicos que participaron en un informe encargado por Sanidad en el que se acusó a Montes y a sus compañeros de sedaciones fuera de la ’lex artis’. Se trata de Manuel Gómez Barón, del Hospital La Paz; Hernán Cortes, oncólogo del 12 de Octubre; Dolores Crespo, del Ramón y Cajal; Bartolomé Bonet, del Hospital de Alcorcón; Francisco López Timoneda, del Clínico San Carlos; e Isidoro Álvarez, de la Consejería de Sanidad.
En el escrito judicial, Montes esgrimía que los casos de sedaciones que investigaron los juzgados leganenses habían sido ’sometidos a inspección previamente, incluso por el Comité de Ética del Hospital Universitario de Getafe’, y que ’no se demostraron indicios para plantear la denuncia’.
Montes y López Varas consideraban en la querella interpuesta que la campaña y la investigación se iniciaron a raíz de una ’denuncia anónima’, que a su juicio no podía servir de base para ’la actuación judicial’ que se produjo.
’CASO LEGANÉS’
El entonces consejero de Sanidad relevó a Montes y a su equipo de las Urgencias del Severo Ochoa el 11 de marzo de 2005 con motivo de las denuncias que les acusaba de de 400 homicidios por la presunta práctica de sedaciones irregulares.
El caso llegó al Juzgado de Instrucción número 7 de Leganés. En junio de 2007, el juez determinó que se produjo ’mala praxis’ médica, si bien no pudo acreditar la conexión entre ésta y las muertes que se habían producido en las Urgencias. La causa se archivó.
En enero de 2008, un auto de la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el sobreseimiento de la causa, ordenando que se suprimiera toda referencia a la posible mala práctica médica de los profesionales del Severo Ochoa. Los magistrados no pudieron demostrar la relación causa-efecto entre las muertes de los pacientes y las sedaciones a las que fueron sometidos.
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