Se cometen errores en la documentación, al no utilizar estadísticas sanitarias, ni proyecciones de población a medio y corto plazo, ni estadísticas de morbilidad y mortalidad de las zonas.
Se ha procedido con absoluta opacidad y falta de información. No se ha dado la necesaria información a profesionales, trabajadores y usuarios, no habiendo estado expuesta al público, como exige la ley, ni en muchos ayuntamientos ni en Juntas de Distrito.
En el desarrollo no se considera la posibilidad de estratificación de los hospitales y la diferente capacidad técnica y física de los mismos, con lo que se quiebra el principio de equidad que debe presidir la Sanidad Pública. Hospitales diferentes cubren el mismo servicio, por lo que esas poblaciones no van a tener las mismas característica en su asistencia.
No se ha tenido en cuenta en el desarrollo del programa las posibles opiniones de los Ayuntamientos, que conocen la situación y las características de salud, demográficas de crecimiento y geográficas de los municipios. Esto ha originado que exista gran cantidad de incongruencias y de inconvenientes que se crean a grupos de vecinos de forma innecesaria.
Al no estar constituido el Consejo de Salud de la Comunidad de Madrid, como exige la LOSCAM (que debería estarlo desde el año 2002) no ha habido posibilidad de debate por parte de este órgano que según la Ley General de Sanidad es el máximo órgano de participación y consulta de la Comunidad.
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