El viernes día 16 de noviembre, a las 19:30. hemos celebrado en el Centro Cultural Gabriel Celaya, de San Fernando, un acto organizado por la Agrupación de San Fernando, para explicar las líneas principales de la llamada Ley de Memoria Histórica. Yo actuaba como principal ponente, junto a su Secretario General, Manuel González Rojo y a Antonio Fernández Gordillo, diputado en la Asamblea de Madrid. He realizado una breve presentación para el acto (powerpoint lo llamamos ahora) Por cierto, Alfonso Montero, si llegas a leer esto verás que por fin estoy comenzando a utilizar las nuevas posibilidades que me has mostrado. Pero es que no tengo tiempo para ir más deprisa.
Es bueno hablar de esta ley y defenderla con la cabeza bien alta. Los socialistas nos tenemos que sentir orgullosos de ella. Yo comencé mi charla con una frase que repito en estas ocasiones. Julia Conesa, una de las 13 militantes de Juventudes Socialistas Unificadas fusiladas en 1939, y conocidas como “Las 13 Rosas”, pronunció, como últimas palabras: “Que mi nombre no se olvide en la historia”. Posiblemente esta frase resume perfectamente el espíritu de la Ley. Pongo aquí un enlace con el texto íntegro aprobado por el Congreso y que pasará a su debate en el Senado.
NO HAY, EN TODA LA LEY, NI UNA SOLA LÍNEA QUE NO PUEDA SER RESPALDADA EN SU INTEGRIDAD POR CUALQUIER DEMÓCRATA.
Es una Ley que no actúa contra nadie, ni que resta derechos o méritos a nadie, pero que está pensada contra el olvido y a favor de las víctimas. De todas las víctimas, no sólo de las de un lado. Pero teniendo muy claro que algunas de las víctimas no han sido nunca suficientemente reconocidas, suficientemente valoradas y, en muchos casos, ni siquiera mencionadas. En muchas ocasiones, en la historia de las familias de nuestro país, figuran personas de los que sólo se sabe que fueron sacados de casa una noche y no volvieron. Corregir esa situación no tiene porqué ser motivo de enfrentamiento para nadie.
Tan pensada para las víctimas está que el nombre completo de la ley es: PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS A FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA. Es decir, reitero, para las víctimas, sin distinción.
La intención no es rescribir la historia, puesto que no se puede rescribir, sobrescribir, transcribir o suscribir la historia con una Ley. La intención es homenajear a aquellos que “padecieron” la Historia, y que en muchas ocasiones han sido silenciados y su historia personal suprimida. El proyecto procede de un gobierno apoyado por el PSOE, y, aunque mi Partido no pretende dar lecciones sobre memoria histórica a nadie, tampoco hay nadie de quien las podamos recibir, porque hemos vivido y padecido la cárcel, la tortura, el exilio y el asesinato en tan alto grado como quien más.
La Ley se ocupa de las víctimas y sus familiares, de sus descendientes, dejando la historia a los historiadores y lo jurídico a los jueces y lo que hace es reconocer a cada persona el derecho a recuperar su memoria personal y familiar, a reconstruir la propia biografía de los que sufrieron persecución o violencia o que vieron desaparecido el nombre de sus familiares, que vieron a sus parientes literalmente “borrados” de la historia.
Ninguna Ley puede tampoco rescatar a las víctimas de los horrores padecidos, o de la muerte o el exilio, pero puede ayudar a muchas familias a restaurar la memoria pública de sus seres queridos, desde los valores de la Constitución Española. Declarar la injusticia de lo sucedido, facilitar a las personas que lo deseen el derecho a buscar los huesos de sus padres, de sus abuelos, para enterrarlo en un lugar más digno, reconocer indemnizaciones a personas que pasaron años en la cárcel luchando por la democracia que ahora disfrutamos y que nos ha convertido en ciudadanos de pleno derecho no debe ofender ni reabrir heridas. Se trata simplemente de justicia y de cerrar las heridas y las historias que muchas familias todavía tienen abiertas en España.
La Ley declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, tanto durante la guerra civil como en la dictadura. Se complementa la previsión de un procedimiento específico para obtener una Declaración Personal de contenido rehabilitador y reparador, como forma de recuperar la biografía personal o familiar de cada persona. Se menciona, de forma expresa, como luchadores por la democracia, a los integrantes del Cuerpo de Carabineros de la República, a los brigadistas internacionales, a los guerrilleros (cuya rehabilitación fue aprobada de forma unánime por el Congreso en mayo de 2001, con el gobierno de Aznar), o a los miembros de la Unión Militar Democrática, que colaboró al establecimiento de la democracia en 1977, y que se autodisolvió con la celebración de las primeras elecciones democráticas.
Respecto a las fosas comunes y la localización e identificación de las víctimas, incluso los informes del Defensor del Pueblo remitidos al Congreso ya demandaban la adopción de medidas que, después de treinta años de convivencia democrática, pusieran punto final de forma transparente y clara a la cuestión, ya que se trata de algo fundamental para muchas familias en el camino de la recuperación de su memoria individual y familiar. Se establecen así medidas para que las Administraciones Públicas faciliten a los interesados que lo soliciten las tareas de localización y, en su caso, de identificación de los desaparecidos, como última prueba posible de respeto y reconocimiento hacia ellos.
Es obvio pensar que la mayoría de los que se van a beneficiar de la Ley pertenecían a los derrotados en la Guerra Civil, o de los luchadores por la democracia en los tiempos de la dictadura. Los represaliados de entre los vencedores han recibido todo tipo de homenajes y recompensas durante todo este tiempo. Pero la Ley no hace distinciones, y todavía quedan algunas víctimas de la Guerra Civil, incluso en la zona republicana, que no han sido reconocidas o cuyos cuerpos no han sido rescatados ni identificados. También estas personas están incluidas, y sus familiares pueden, si lo desean, trabajar ahora para el recuerdo y la recuperación de sus fallecidos.
Gabriel Celaya, que daba nombre al Centro Cultural en el que se celebraba el acto, dijo con este motivo: “Es hora de pasearnos a cuerpo y de que miremos la realidad sin excepciones y sin temores. Es hora de que miremos al pasado de frente y de que esa mirada nos haga más fuertes y firmes en nuestras convicciones democráticas”
Aparte de ello se amplía la posibilidad de que los hijos y nietos de aquellos que tuvieron que renunciar a la nacionalidad española por el exilio, puedan adquirirla. Refuerza la concordia, al reconocer el derecho de todos a acceder al conocimiento y la información contenida en los registros y archivos públicos. Porque mayor conocimiento y mayor acceso a la información nunca pueden ser motivo de discordia.
También parece momento ya de abordar la actuación sobre símbolos o monumentos que suponen motivo de enfrentamiento o de agravio para una parte de la sociedad. El hecho de que las medidas establecidas en torno al Valle de los Caídos hayan sido apoyadas por la práctica totalidad de la Cámara, incluyendo al PP, demuestra que nunca ha estado presente en la elaboración de la Ley la intención de mirar al pasado para reabrir heridas, sino mirar al futuro evitando la exaltación de valores antidemocráticos o del uso de la violencia con el fin de imponer convicciones políticas.
