El llamado caso Leganés (por el que un grupo de médicos del Hospital Severo Ochoa de esa localidad madrileña se vieron sentados en el banquillo de los acusados como sospechosos de homicidio) puede ser calificado de kafkiano en un sentido bastante literal. No es sólo que una mañana, al poco de despertarse, el doctor Luis Montes se encontrara convertido, o que le querían convertir, en una especie de monstruo; sino que, como en El proceso de Kafka, los acusados, Luis Montes y sus compañeros, no saben quiénes ni exactamente de qué se les acusa.
Este libro es la crónica minuciosa de ese proceso que ha constituido el mayor escándalo sufrido por la sanidad pública española en los últimos años, y cuyas consecuencias están todavía pendientes de verse. Porque, en efecto, detrás del caso Leganés están un par de cuestiones esenciales para una sociedad democrática: el papel de la medicina pública y el derecho a unos cuidados paliativos en el trance de la agonía. La persecución a los médicos del Severo Ochoa se pone en marcha por rivalidades personales y profesionales, y también por motivos políticos, pero apunta a esas dos cuestiones cruciales: el modelo de la sanidad (pública o privada) y el derecho a una muerte sin sufrimientos innecesarios. Éste último, de plena actualidad, como lo prueba el anteproyecto de ley de la Comunidad de Andalucía que plantea castigar a los médicos que, por no aplicar las sedaciones oportunas, prolonguen la agonía a los enfermos.
El caso Leganés tiene una larga prehistoria que se remonta a principios del año 2000, cuando el doctor Montes, sobradamente conocido por sus ideas de izquierdas, es nombrado coordinador de Urgencias del Severo Ochoa. Las decisiones que toma en ese puesto, como la de hacer trabajar más horas a los médicos, o una reorganización de los servicios que hace perder protagonismo a Medicina Interna, le granjean la enemistad de algunos colegas. Así, cuando poco más tarde Montes se plantea extender la sedación terminal a todos los enfermos que lo requieran, de modo que éstos tengan una muerte digna, se encuentra con que esa enemistad se suma a los prejuicios religiosos de otros médicos. En efecto, en la medida en que la sedación puede acelerar la muerte (es el conocido como doble efecto: evita dolores pero acelera el fallecimiento), los médicos más conservadores no son partidarios de aplicarla, aunque se trate de un enfermo terminal. En su lugar, practican lo que se conoce como encarnizamiento terapéutico.
Que los ataques de quienes denuncian esas sedaciones terminales se centren en Luis Montes, aunque éste no fuera el que atendía a la inmensa mayoría de los enfermos, muestra que se trata de una campaña ad hominem, en la medida en que Luis Montes representa un modo de entender la medicina, que es también lo que se trata de combatir.
Una lucha antigua
Enfrentamientos personales, rivalidades profesionales y diferencias ideológicas constituyen las coordenadas de un asunto con una larga y compleja historia. Al poco de la llegada de Montes a Urgencias y su aplicación generalizada de la sedación terminal, se producen algunas denuncias poco concretas que no tienen consecuencias. Pero estas denuncias suben de tono a partir de 2003, concretándose en junio de ese año en un informe interno que busca la destitución de Luis Montes. Una investigación externa de la Inspección Médica, la autoridad sanitaria prevista por la legislación, así como el Comité de Ética de Getafe, avalan la labor de Montes. Las intrigas contra él, no obstante, continúan y experimentan un salto cualitativo en marzo de 2005, cuando unas denuncias anónimas llegan al despacho del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, y éste decide, pese a su carácter anónimo, darles curso legal. La intervención de Lamela supone el cese inmediato de Luis Montes como jefe de Urgencias y el comienzo de una larga batalla legal que no se resolverá hasta tres años más tarde.
Precisiones sobre un asunto complejo
Aunque en el caso Leganés se ventilen otros asuntos, el pretexto y el fondo de la cuestión son las sedaciones terminales. Lo primero que hay que decir, para evitar confusiones, es que la sedación terminal no tiene nada que ver con la eutanasia; ésta última aún no está reconocida por la ley, mientras que la aplicación de la sedación terminal sí lo está. La sedación terminal consiste sencillamente en la aplicación de fármacos que eviten el sufrimiento en los últimos momentos de la vida, cuando ya no hay esperanzas de recuperación. Pero como esos fármacos, además de aliviar el dolor, pueden acelerar (normalmente, en unas horas) el fallecimiento, son cuestionados por algunos médicos. Lo cierto es que la sedación terminal tiene aún aspectos pendientes de consensuar por la clase médica; pero lo cierto también es que, de los 400 enfermos fallecidos en Urgencias del Severo Ochoa, sólo una familia reclamó por el tratamiento recibido.
Quienes se oponen a su aplicación lo hacen normalmente basándose en una defensa a ultranza de la vida, independientemente de las condiciones de ésta y del plazo que le quede, así como en una presunta dignidad del sufrimiento (a Jesucristo no se le aplicaron cuidados paliativos, como ha dicho una autoridad eclesiástica). Quienes defienden la sedación terminal recuerdan que ésta se aplica cuando la esperanza de vida del enfermo se mide en horas, y la única cuestión a tener en cuenta es el sufrimiento o la tranquilidad con que puedan pasar esas horas tanto el enfermo como su familia. Además de que, a esas alturas, el proceso de la muerte es irreversible, ésta prácticamente nunca se puede atribuir con seguridad a los fármacos administrados, ya que el hecho de morir implica tal cantidad de variables fisiológicas que no puede saberse con exactitud a qué se debe cada cosa que ocurre en el organismo.
La mano que mueve los hilos
Una de las grandes irregularidades del caso Leganés es que se llevara al juzgado una denuncia anónima. En todo caso, pese al carácter anónimo, es evidente que sus promotores son médicos del Severo Ochoa. En esas denuncias, no sólo se habla en tercera persona de las familias de los enfermos, sino que los datos que se manejan sólo han podido ser recogidos por personal del hospital. El autor o autores tienen acceso a información confidencial del hospital, son perseverantes, sienten un rechazo casi visceral por Montes y su equipo, y están en contra de las sedaciones terminales. Y no envían su carta a los juzgados o a la fiscalía, como parecería lógico. Lo hacen, en su lugar al Ministerio de Sanidad, a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y a dos asociaciones de pacientes. No importa, el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, dará el paso definitivo de llevarla al juzgado.
La forja de un rebelde
Si el acusador se oculta en las sombras (insistamos en que ésta es una historia kafkiana), el principal acusado es una persona con un perfil muy definido. Este libro escrito a cuatro manos cuenta también la trayectoria de Luis Montes, un militante de izquierdas de toda la vida, una de esas personas que se esforzaron y sacrificaron para que España llegara a ser una democracia y que nunca hubiera salido en las fotos (ya se sabe que el que se mueve no sale en la foto, y él fue de los que se movieron mucho durante la dictadura) de no haber sido por el caso Leganés.
Hijo de un militar franquista, Luis Montes rechazó muy pronto el oscurantismo y la represión del país en que vivía. Se marchó de casa a los 18 años y se entregó con fervor a una militancia en contra del régimen, al precio de postergar los estudios. El joven Montes pasó todos los sarpullidos de la época: las manifestaciones relámpago (saltos, en la jerga de entonces), la vida en zonas periféricas y deprimidas de Madrid, las reuniones y reivindicaciones constantes dentro del movimiento vecinal, los trabajos variopintos, como albañil, camarero o en una editorial tan emblemática entonces como Zyx (libros muy baratos y muy pequeños, de ideología de izquierdas y cristiana)… De aquellos años guarda recuerdos imborrables. Uno es el afán por leer y conocerlo todo, una especie de bulimia intelectual. Otro es el miedo, la sensación constante de que podías ser detenido, de que cada coche de policía que aparecía venía a por ti.
“Todo aquello me marcó”, afirma Luis Montes. Y, pese a todas las desilusiones que vinieron, “quedó algo en nosotros que dio sentido a toda aquella lucha y que sigue guiando nuestras vidas”.
El compromiso por la sanidad pública
La lucha por la democracia tuvo el efecto, como les ocurrió a tantos, de que postergara los estudios, llevando la carrera a trancas y barrancas. Pero se licenció por fin, y el libro ofrece también su experiencia como médico. El terrible enfrentamiento con la muerte, ya en su primera guardia; la excelente ayuda brindada por las enfermeras (“la mejor escuela para los médicos más jóvenes”), el endiosamiento de los médicos de entonces, la dignidad con que las monjas dieron el relevo a una generación, más preparada, de enfermeras; la organización y gestión de un nuevo sistema de sanidad, o la lucha por que, desde la sanidad pública, se garantizara el ejercicio del derecho a abortar.
La trayectoria de izquierdas de Luis Montes, el seguir viviendo “con el corazón mirando al sur”, se ha concretado en los últimos años en una clara defensa de la sanidad pública. En este sentido, no puede ser más claro en el libro: “Yo no puedo pensar en otra cosa que no sea en la equidad y la universalidad de la sanidad pública. Los que creemos en ella, la queremos porque nos parece lo más justo. Es la gran contribución que Europa ha hecho y para comprobarlo sólo hay que mirar las vueltas que están dando en Estados Unidos desde hace años para conseguir un seguro de salud universal. En España, como en tantas otras cosas, desarrollamos tarde un sistema público solvente y eficaz. Y ahora que lo tenemos me parece una gravísima responsabilidad ponerlo en peligro. Porque eso es lo que se está haciendo con muchas de las medidas adoptadas en los últimos años”.
“Proyectar 11 hospitales y privatizarlos –dice, a propósito de la política de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid- es desencadenar una espiral alcista en el gasto que luego es muy difícil de detener, porque cuando los hospitales ya son privados has perdido casi todas las herramientas de gestión que tenías a tu alcance para controlarlo”.
El 11-M del Severo Ochoa
El enfrentamiento entre dos concepciones de la sanidad (pública o privada) parece estar detrás del caso Leganés, de las denuncias anónimas y del empeño del consejero Lamela por enviarlas al juzgado. Así, lo que venía siendo un caso larvado, y restringido dentro de los muros del Hospital Severo Ochoa, explotó el 11 de marzo de 2005. Una vez más, una fecha que había sido trágica, se repetía como farsa.
Si la reacción del personal del hospital (médicos, enfermeros, celadores, auxiliares, administrativos…) fue inmediata, poniéndose al lado de Montes y sus compañeros, la de los partidos y sindicatos fue mucho más lenta. Pero, poco a poco, los partidos y sindicatos de izquierdas, y las asociaciones de vecinos se organizan para apoyar a los médicos de Leganés.
A esas alturas, la larga batalla de los años anteriores ya había dado lugar a varios informes e inspecciones. La Comisión de Mortalidad del hospital había emitido un informe negativo sobre las prácticas del equipo de Luis Montes; pero tanto la Inspección Médica del Instituto Madrileño de Salud como el Comité de Ética de Getafe, formado por médicos, enfermeras, un capellán, profesores de Derecho, etc., les habían avalado, a la vez que ponían en duda la calidad científica de los informes de la Comisión de Mortalidad.
Nada de eso impide el escándalo, los ataques que se desencadenan desde algunos medios ni la huida hacia delante del consejero Lamela. La judicialización del caso Leganés está en marcha y en su última etapa. Se quiere convertir en asunto criminal lo que, en el fondo, es un debate médico y ético, las diferencias de criterio en casos delicados. Como dice un médico, “en la atención a los enfermos terminales hay un amplio margen en el que tres médicos harán tres cosas distintas y cada uno tendrá su parte de razón”.
El caso es que la comisión organizada por Lamela ve indicios de delito en las prácticas de Luis Montes y su equipo. Desmontar esa acusación llevará casi tres años, los que tarde la justicia en dejar las cosas en su sitio. Las sentencias, una detrás de otra, ya que son recurridas por la consejería de Sanidad o por la única familia de un enfermo que había denunciado, van dando la razón a los acusados.
El colofón de esta historia es tan kafkiano como su comienzo. Cuando la Audiencia de Madrid zanja definitivamente el caso Leganés, absolviendo al doctor Montes y sus compañeros, los promotores de la demanda hacen malabares dialécticos para salvar la cara. Se llega al extremo decir que no se ha proclamado su inocencia, apoyándose en un informe de peritos del Colegio de Médicos que decía que “no es posible afirmar o negar con certeza absoluta” la relación entre las sedaciones y la muerte de los pacientes. Como si lo que fuera necesario probar fuera la inocencia y no la culpabilidad. Y es que la sombra de Kafka ha planeado constantemente sobre el caso Leganés.
