Lejos de la oposición por sistema o de la defensa numantina de un servicio público de manera dogmática, desde el PSOE tenemos la convicción de que la actual política de apertura de hospitales por medio de concesiones a empresas privadas supone un riesgo y un perjuicio para nuestro sistema de salud.
1. No se están haciendo hospitales modernos y equipados que cumplan con las expectativas de la población y puedan atender todo tipo de enfermedades. Se trata de Centros de Salud grandes con capacidad para atender urgencias y que sólo podrán realizar pequeñas intervenciones ambulatorias. El nuevo hospital de Vallecas será poco más de lo que ahora mismo es el Virgen de la Torre. Es lo que en otros sitios llaman centros diagnósticos de alta resolución, y no hospitales.
El Área 1 seguirá teniendo como hospital de referencia para todos el Gregorio Marañón, pero ahora con menos camas, lo que supondrá que seguirá tan saturado como hasta ahora.
2. La Comunidad no se ha coordinado con las otras Administraciones, especialmente con el Ayuntamiento de Madrid. Seguramente una consulta hubiese supuesto una remodelación de las Áreas y los Distritos Sanitarios y un mejor análisis de cuáles son los lugares más adecuados para los hospitales y cuál la población atendida.
Parece poco oportuno que se hagan a la vez un hospital en Parla, otro en Valdemoro y otro en Aranjuez, por poner un ejemplo de mala planificación. En nuestro caso y por cercanía, la población que debería incluirse en el nuevo Hospital de Vallecas sería Vicálvaro y Vallecas Villa, ya que los vecinos del Puente de Vallecas tendrán más fácil acercarse al Gregorio Marañón que venir hasta aquí, al contrario que nosotros. Sin embargo el plan unilateral de la Comunidad de Madrid excluye a los vecinos de Vicálvaro a favor de los de Puente de Vallecas.
3. La modalidad escogida para la creación de estos nuevos hospitales es la Concesión Administrativa. Esto supone que la empresa privada lo construye y lo explota (se lo queda en propiedad, por decirlo de un modo gráfico)
De esta forma, la Comunidad de Madrid (los madrileños) pagan por su uso en un contrato que en principio es a 30 años. Esto supone en realidad un alquiler, aunque la palabra no sea técnicamente correcta, pero con el agravante de que el propietario de los terrenos es la propia Comunidad de Madrid, pero paga por usarlo.
Se introduce un nuevo factor para el desarrollo de los servicios sanitarios en Madrid, que es la obtención de beneficios. Los directivos de la empresa que construye el edificio lo verán como un negocio más. Su finalidad será obtener el máximo beneficio posible. Este objetivo es lógico y defendible pero ¿qué pasará cuando su objetivo choque con un objetivo sanitario para la población?
4. Como todo alquiler, supondrá un importante encarecimiento en el precio. La empresa que construya el edificio tendrá que compensar los gastos de construcción, el hecho de haberlo adelantado, la posibilidad de algún riesgo que surgiera y, por supuesto, el beneficio empresarial.
Los cánones establecidos nos permiten afirmar que se va a pagar en los 30 años entre 5 y 6 veces el precio de un hospital de ese tipo (pasaremos de un coste posible de 680 millones de euros a 3.500 reales) Es decir, daría para construir en esos 30 años 40 hospitales.
5. La empresa concesionaria aprovecha además la explotación de las áreas que pueden ser lucrativas dentro de un complejo de este tipo. Tiene los derechos de explotación comercial de locales y tiendas (van a instalarse varios locales comerciales en el hall de cada hospital); de las máquinas expendedoras de bebidas y alimentos; del servicio de cafetería, bar y restaurante; del aparcamiento y de los teléfonos y televisiones en habitaciones y zonas comunes.
Estos ingresos que en el resto de hospitales repercuten en una mejora del servicio al permitir al hospital tener mayores gastos, se convierten así en beneficio empresarial neto, puesto que no van a servir para disminuir la presión económica sobre la sanidad pública e irán directamente a las arcas de la empresa.
6. Los centros privados, al tener ánimo de lucro, funcional habitualmente con un tercio de la plantilla que otro centro sanitario público de similares características, aparte de que no son tan rigurosos con las titulaciones exigidas, establecen peores condiciones de trabajo (horarios, tareas,
) y sobreexplotan los recursos disponibles. Y esto lo afirman distintas auditorías realizadas por entidades públicas (entre ellas la Comunidad de Madrid), no es una afirmación peregrina, una suposición o un prejuicio ¿Será bueno eso para la calidad cuando hablemos de un hospital que funcione con la saturación habitual en la sanidad pública?
Aún asumiendo que los médicos y los enfermeros los pone la Comunidad de Madrid, el personal de limpieza, administrativos, celadores, auxiliares, personal de laboratorio, y otros, se fijarán mediante concierto entra la Comunidad y la empresa concesionaria. Pero en esta negociación tendrá ésta última el poder de decisión final, puesto que es concesionaria antes de sacar ninguna condición al respecto. Además el sistema de contratación permitirá a la empresa subcontratar con otras que trabajen más barato, y la administración estará cada vez más lejos de poder poner condiciones y ejercer control sobre los servicios recibidos.
7. Se dice que las empresas asumen el riesgo de que el hospital no funcione o de posibles fallos en la gestión, pero en realidad, en caso de quiebra, la Comunidad de Madrid no puede permitir el cierre de un hospital, por lo que tendrá que comprar los derechos que tiene la empresa concesionaria, o ceder a sus peticiones, con la dificultad de que es muy difícil negociar a la baja cuando dependes enteramente de la voluntad de la otra parte. En Alcira pasó algo similar , porque el modelo de gestión es parecido, y la Comunidad Valenciana tuvo que pagar por la totalidad del tiempo contratado. Para mayor gravedad del hecho, se volvió a sacar a concurso, volviendo a dar la concesión para la gestión del hospital a la misma empresa con unas condiciones mucho mejores.
8. La Comunidad de Madrid podrá ejercer sus derechos sobre este contrato igual que sobre cualquier otro de externalización de servicios. La diferencia fundamental estriba en que éste es a 30 años. El resto de contratos suele ser a 2 ó a 4 años, pero en este caso, al haber tanto interés en juego, cualquier medida pasa por un procedimiento largo y costoso, y de resultado incierto en todo caso. No es fácil pensar que ante cualquier problema se pueda fácilmente suspender la concesión y cambiar de empresa de servicios.
9. El control real del edificio lo ejerce la empresa constructora, que se convierte en dueña virtual del mismo. Cualquier cambio que desde el punto de vista asistencial se quiera realizar tiene que contar por tanto con su supervisión y autorización (incluso cambiar la ubicación de una consulta o instalar unos enchufes complementarios en una pared) Podría suceder (y sucederá) que cualquier cambio suponer un cambio en el canon (alquiler) que la Comunidad tiene que pagar anualmente. Las decisiones sobre un conjunto de actividades no estrictamente sanitarias, pero importantes para el desarrollo de la vida del hospital quedan así en manos privadas. Esto podría afectar, por ejemplo, a la decisión futura de poner un aparato de escáner nuevo ya que supondría una variación de los espacios disponibles y de su uso, o a añadir un sistema distinto de hacer llegar el oxígeno a las habitaciones.
10. Por último añadir que se ha acabado definitivamente con cualquier posibilidad de participación ciudadana en la gestión sanitaria. La planificación y control de la sanidad estará muy determinada al existir una parte importante fija, innegociable y con un gasto comprometido, quedando poca posibilidad para que el movimiento asociativo pueda influir en el futuro desarrollo de la sanidad en la áreas de salud de nuestra comunidad.
En definitiva, sólo podemos sacar una ventaja posible de este sistema de gestión: Esperanza Aguirre se presentará a las elecciones de 2007 con los hospitales casi construidos pero sin haber pagado un solo euro ya que no se empezará a pagar hasta que no estén terminados, a mediados de 2007 (endeudando, eso sí, a sus sucesores durante los próximos 35 años, que ya es tiempo)
