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UNA INTERVENCIÓN QUE HE HECHO EN LA COMISIÓN DE SANIDAD DEL CONGRESO, PARA CONSEGUIR UNA MAYOR ATENCIÓN A LOS MÉDICOS DE TRABAJO, Y LA AMPLIACIÓN DE SU NÚMERO POR LA VÍA MIR

Ante una propuesta del Partido Popular, intervine en la Comisión de Sanidad para plantear nuestras posiciones como grupo socialista y llegar a un acuerdo respecto al tema, que fue finalmente aprobado. Reproduzco mi intervención y el texto definitivo de la proposición no de Ley a cuyo consenso llegamos y que fue aprobada. 

 Como médico del trabajo me parece perfecto que por fin nos preocupemos desde el Congreso de los Diputados de la situación actual y de futuro de la medicina del trabajo.

Me gustaría hacer un pequeño repaso, porque en los últimos años han sido tres los hechos que han marcado la evolución de la medicina del trabajo, de la medicina laboral, desde la situación en que estábamos hasta la actual previsión de necesidad de plazas:

En el año 1995 se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, donde por primera vez empezamos a regular la situación de la salud en el trabajo; hasta ahora habia simplemente algunos reglamentos, algunas pequeñas normas y a partir de una ley de carácter básico se empieza a tramitar todo el sistema de prevención de riesgos laborales.

En el año 1997 se aprueba el reglamento de los servicios de prevención y empieza a tomar cuerpo como tal la medicina laboral, se clasifican las funciones preventivas y se definen como funciones de nivel superior las correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicología aplicada. También en este real decreto se señala que los servicios de prevención que desarrollen las funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores deberán contar con un médico especialista en medicina del trabajo o diplomado en medicina de empresa y un ATS/DUE de empresa. Por fin se nos reconocen las funciones que tenemos que desarrollar los médicos del trabajo, los médicos laborales; por fin se establece un marco en el cual nos tenemos que mover dentro de la empresa, aunque todavía no se reconoce a la especialidad la calidad que se le debería reconocer.

Finalmente, en el año 2004 se transforma la especialidad de medicina del trabajo en una especialidad de residencia en lugar del sistema de alumnado que se seguía hasta entonces, sistema de alumnado por el que aprobamos el MIR todos aquellos que somos anteriores al año 2004, y esto supone sin duda un mayor atractivo para los médicos, una vez aprobado el MIR, desarrollar la especialidad.

Sin embargo, obviamente, tanto la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como el reglamento de los servicios de prevención han supuesto un incremento en la necesidad de médicos de trabajo que hasta ahora era una especialidad prácticamente residual e indudablemente con muy poco prestigio.

Por eso desde el año 2004, y como se va atendiendo de una manera especial a las comunidades autónomas a la hora de realizar la distribución, tanto territorial como por especialidades, de las plazas de residentes, la propuesta de la oferta de plazas para la formación corresponde actualmente a las comunidades autónomas, para lo cual suponemos que tienen en cuenta tanto su disponibilidad presupuestaria como también, y más importante, las previsiones de necesidad de especialistas que tengan. Desde el año 2004, cuando empieza este sistema de ofertas, ha habido cambios significativos en la composición de la oferta de medicina del trabajo. En el primer año, en 2004, solo se seis comunidades autónomas, Andalucía, Aragón, Cataluña, Valencia, Baleares y Madrid, ofertaron plazas para esta especialidad. En 2005 subió a nueve, una tendencia ascendente, al unirse Rioja, Asturias y Navarra, y en la convocatoria de 2006 se han incorporado también País Vasco y la región de Murcia, con lo cual se ha extendido hasta 105 el total de plazas. Ninguna de las comunidades que ha ofertado ha disminuido su oferta, de forma que o bien la ha mantenido desde el año 2005 hasta ahora o bien la ha incrementado.

La iniciativa de los Ministerios de Sanidad y Consumo, Educación y Ciencia, y Trabajo y Asuntos Sociales, también ha posibilitado la financiación de nuevas plazas para formación de médicos laborales en sitios dependientes de mutuas de trabajo —actualmente las mutuas de trabajo, la mutuas laborales, absorben la mayor parte de los especialistas en esta asignatura— y ha sido sumamente positiva, se ha recibido de muy buena forma, estando ahora mismo en condiciones las mutuas de trabajo de ofertar 138 plazas entre medicina del trabajo y traumatología, plazas que están pendientes de los respectivos convenios con la Consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas en las cuales se encuentran los sitios donde se van a incluir esas plazas para ser incluidas definitivamente en la relación de plazas que publica el Ministerio de Educación y Ciencia.

Yo agradezco especialmente al diputado señor Sánchez la receptividad que ha tenido al aceptar las observaciones que le ha hecho desde mi grupo con el fin de llegar a un acuerdo sobre esta propuesta. Me parece muy positivo el acuerdo al que hemos llegado; se supone que es como se deben de hacer normalmente los planes, primero un informe, después un acuerdo y finalmente establecer un plan.

La base está puesta, la base es el borrador de estrategia para la salud en el trabajo que ha establecido ya el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y sobre ella debemos desarrollar no solo la oferta de plazas, sino nueva forma medicina del trabajo, puesto que nuestra situación, nuestras funciones y el desarrollo de nuestra labor ha cambiado mucho en los últimos diez o quince años en función de estas leyes que se han ido aprobando, como también ha cambiado mucho la forma de sacar las plazas a concurso, las condiciones de las plazas MIR han cambiado mucho por cuestiones competenciales y por el desarrollo de las comunidades autónomas; la transferencia a las comunidades autónomas de la asistencia sanitaria ha influido en la salida de las plazas MIR en cada comunidad. 

Por todo ello creo que el acuerdo al que hemos llegado es muy positivo, por fin se pone sobre la mesa la necesidad de nuevas plazas MIR, el aumento de plazas MIR para médicos residentes, y se pone sobre la mesa la necesidad de su mejoría en la formación para adaptarse a las funciones actuales.  El texto respecto del cual se ha llegado a un acuerdo dice que se insta al Gobierno a: 1. La aprobación, en un plazo no superior a doce meses tras el informe de la comisión de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud y el acuerdo del consejo interterritorial, de un plan de medidas para impulsar la formación de la especialidad de medicina del trabajo dentro del sistema de formación de residencia, en la línea de lo dispuesto en el borrador de la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo, elaborado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 2. Instar a la Comisión de Recursos Humanos que adecue la oferta anual de plazas MIR a las necesidades del sistema basándose en una obtención suficiente de médicos en esa especialidad. 3. Instrumentar con las comunidades autónomas la aplicación del resultado que de ello se derive.

INTERVENCIÓN SOBRE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL MILITAR DE MELILLA

 El Ministerio de Defensa a cedido el Hospital Militar de Melilla para, tras una importante reforma, permitir su uso por los ciudadanos, poniendo así fin a la falta de recursos sanitarios de la ciudad. El Partido Popular se interesó por la situación laboral en la que quedaban los trabajadores de este hospital ante el cambio de uso. Por ello intervine en la Comisión de Sanidad, tras las explicaciones al respecto del Secretario General de Sanidad, José Martínez Olmos, sobre el tema. Reproduzco aquí mi intervención, y enlazo con la intervención que me dió Martínez Olmos.

Con respecto a la pregunta sobre los trabajadores del Hospital Militar de Melilla. En primer lugar, agradezco la presencia del secretario general y le ruego traslade mi felicitación al Gobierno al que representa por esta política que están desarrollando, que es la vuelta a promover el uso civil de instalaciones militares, instalaciones que en muchos casos crean excedentes por la reorganización que está sufriendo nuestro ejército.

Lo digo con conocimiento de causa. Yo soy de Vicálvaro, un barrio de Madrid famoso por el cuartel donde se desarrolló la vicalvarada Y en este cuartel el Gobierno de Felipe González decidió, como se quedaba vacío, instalar una universidad. Efectivamente, el ministro de Educación, el señor Rubalcaba, firmó el convenio con el Ministerio de Defensa y se instaló una universidad en el cuartel de Vicálvaro. Quedaban más terrenos, parte de los cuales se cedieron al Ayuntamiento de Madrid, donde este, gobernado por el Partido Popular, instaló un centro de mayores y quedaban algunos terrenos más pero cambió el Gobierno. En el año 1996 cambia el Gobierno y esos terrenos excedentes del cuartel de Vicálvaro se subastan para la construcción de chalés adosados.

Me alegro, por tanto, de esta vuelta por parte del Ministerio de Defensa a proponer el uso civil de las instalaciones militares y no la subasta para vivienda de precio libre.

En su justa medida, ahora toca el turno a instalaciones o a centros sanitarios. También en Madrid tenemos dos ejemplos claros de la distinta sensibilidad del Gobierno anterior con respecto a este; el Gobierno anterior, no hace demasiados años, alegando con la afirmación de que en Madrid no hacía falta ningún tipo de camas hospitalarias, demolió el Hospital del Aire en la calle Arturo Soria. El Gobierno actual, el Ministerio de Defensa actual, está intentando promover el uso civil del Hospital Militar Gómez Ulla mediante un acuerdo que se intenta con la Comunidad de Madrid.

 Diferentes sensibilidades y también diferentes compromisos, porque para que esos acuerdos existan tiene que existir un compromiso firme por la otra parte, y en este caso descubro un compromiso muy firme por parte del Ministerio de Sanidad con la ciudad de Melilla. Es un buen momento para que nos hable sobre ese compromiso que tiene el Ministerio de Sanidad con Melilla, sobre las inversiones que hace el Ministerio de Sanidad en Melilla y su evolución, tanto en inversión como en personal, como prueba de ese compromiso que se plasma especialmente en el convenio con Defensa para la creación de un nuevo hospital: un hospital militar y civil, un hospital moderno, un hospital que atienda debidamente a la población y con los incrementos de personal sanitario, porque no olvidemos que finalmente el objetivo son los ciudadanos de Melilla y la mejora en la asistencia sanitaria.

Si es posible, también me gustaría que me detallase cómo va a quedar la atención sanitaria en Melilla con las inversiones que se han realizado en estos últimos tiempos y con la puesta en funcionamiento del nuevo hospital.

Para terminar, he dejado la referencia al otro actor de esta obra, que serían los trabajadores. Todos tenemos claro que el menor atractivo de la ciudad en Melilla como destino para personal sanitario se debe probablemente más a factores de otro tipo que a los de tipo retributivo. No creo que esos sean los condicionantes fundamentales para que el personal sanitario decida ir a Melilla o quedarse en Melilla una vez establecido allí. La pregunta era muy clara, la pregunta concreta iba a los trabajadores del Hospital Militar, su situación actual y las previsiones que tiene el Ministerio de Sanidad al respecto. Es una cuestión que consideramos de sumo interés y tomamos buena nota de la información que se nos ha dado, que es, si no me equivoco, la integración voluntaria en el régimen estatutario y, por tanto, su incorporación a la carrera profesional. Reitero que no puede existir mayor prueba de buena voluntad y de compromiso por parte del ministerio con respecto a estos trabajadores, por tanto tomo nota y lo trasladaré. 

REALICÉ UN PAR DE PREGUNTAS ORALES SOBRE LA FALTA DE ESPECIALISTAS DE MEDICINA EN NUESTRO PAÍS.

El tema es de gran interés, aunque el estudio realizado por el Ministerio parece que aporta datos que permiten relajar un poco la percepción tan negativa que se estaba teniendo. Me permito por ello hacer una pequeña cita sobre la intervención que tuve en la Comisión de Sanidad del Congreso, frente al Subsecretario de Sanida, Fernando Puig de la Bellacasa. Reproduzco el texto algo adaptado para que sea legible. Las preguntas son dirigidas al Ministerio.

Trata sobre dos puntos relacionados con las políticas de personal y de especialistas y, por tanto, con cierta conexión entre uno y otro.

 

En el año 2007 se presenta el primer informe sobre necesidad de especialistas en el Sistema Nacional de Salud. Lo primero que llama la atención es precisamente que sea el primer informe. La inexistencia de informes previos no eja de sorprender. Por eso nos gustaría saber si se percibía algún indicio o presunción que indicase la necesidad de esta actuación que, por otro lado, aplaudimos como una iniciativa de gran importancia para el futuro.

 

Dicho informe esboza una situación más o menos estable, con la conclusión de que globalmente en la actualidad, no existe un problema de falta de especialistas, pero que hay déficit puntuales a nivel territorial y de determinadas especialidades. Uno de los primeros datos que se desprenden de este informe es que no disponemos en España de datos sistematizados sobre el total de médicos en activo, hecho que dificulta, sin duda, la realización de estos estudios. Ante la reconocida falta de estos datos previos, ¿cómo se han elaborado las extrapolaciones y qué fiabilidad tienen para el Ministerio los resultado obtenidos?

 

Para terminar, en el mencionado informe se llega a una serie de conclusiones que prevén una mayor dificultad para la próxima década. Estos problemas se traducirían en una verdadera situación de déficit de especialistas en el medio plazo y, en ese sentido, el Ministerio ha dictado una batería de propuestas para paliar en lo posible esta carencia. Por ello querríamos que nos analice estas conclusiones y, sobre todo, las medidas encaminadas a solucionar la situación y, en lo posible, que nos haga una valoración del efecto que puede tener sobre la situación actual.

 

Ligado al anterior tema, quería también solicitar alguna información respecto a otra cuestión sobre recursos humanos.

 

En el año 2001, el Ministerio de Sanidad y Consumo español firmó una Declaración Conjunta con el Gobierno Británico que incluía facilitar la incorporación de médicos y personal de enfermería de nuestro país en el National Health Service Británico.

 

Aunque no es en teoría un acuerdo unidireccional, sino de intercambio, lo cierto es que se presentó ante la prensa únicamente como de promoción del desplazamiento de trabajadores españoles al Reino Unido. De hecho, son cerca de 2000 los trabajadores desplazados a ese país desde entonces por el desarrollo del convenio, y más de la mitad de los mismos corresponden a profesional médico. Y esta oferta ocupaba un lugar prioritario en la página web de la embajada de Reino Unido en España.

 

A estos hay que unir los facultativos que se han trasladado desde España a otros países. Según  los cálculos de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, en el año 2005 había más de 1.500 médicos españoles trabajando en Portugal, y, en total, eran más de 10.000 los facultativos españoles que estaban trabajando o formándose fuera de nuestro país.

 

En paralelo, el Consejo General de Enfermería de España afirmaba que más de 5.000 de estos profesionales españoles se encontraban trabajando en el extranjero. En el año 2005 se produce la contratación número 1000 de personal de enfermería por parte del Reino Unido, en función de esas facilidades promovidas.

 

En es sentido, me gustaría preguntar en primer lugar, si existían datos que justificaran este acuerdo en los años 2000 y 2001. Lo digo especialmente ligado a lo tratado en el punto anterior, y en relación con la planificación a medio y largo plazo que debe tener el Ministerio de Sanidad en este sentido, gobierne quien gobierne. Por otra parte, también parece oportuno conocer la situación en que se encuentra ahora mismo el desarrollo de ese acuerdo y la valoración que tiene el Ministerio sobre las consecuencias que puede haber tenido para nuestro Sistema Nacional de Salud la marcha de estos profesionales al extranjero.

 

Espero que del resultado de sus respuestas tengamos clara la gran valoración que tienen nuestros profesionales en el extranjero, pero también que, en relación con la cuestión sobre la falta de especialistas que he tratado antes, se desmonten los discursos apocalípticos que mantiene el Partido Popular, ante la promoción de su fuga al extranjero por parte de los poderes públicos gobernados entonces por su gobierno. O al menos, tendrán que reconocer su responsabilidad por falta de previsión y de planificación a largo plazo.

 

 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2007: MEJORAS EN LAS PARTIDAS DE SEGURIDAD VIAL.

Después de la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2007, parece oportuno hacer un breve análisis de las partidas destinadas a Tráfico, dentro de los programas del Ministerio del Interior. Técnicamente, corresponde a la Jefatura de Tráfico, la gestión del programa 132 B: “Seguridad Vial”, aparte de algunos créditos en Transferencias Internas (000X). El presupuesto destinado a esta partida crece un 13,26%, lo que le sitúa en 875.896,24 miles de euros.

Entre las partidas que pueden resultar de interés, destacan los incrementos en gastos de personal, que aumentan casi un 13%. En esta, aparte de la actualización monetaria del presupuesto anterior, se presentan dotaciones para un aumento de efectivos del personal de Agrupación de Tráfico de Guardia Civil, así como unas mejoras retributivas que tiendan a hacer más atractivos los destinos en este cuerpo, con la intención de disminuir el número de vacantes en las convocatorias. También se incluyen mejoras en las dotaciones para incrementar el personal funcionario.

En el capítulo de inversiones hay varios proyectos, el de mayor dotación de los cuales es el destinado a "sistemas de integración del tráfico interurbano", con más de 40 millones de euros, la mitad de los cuales se destinarán a la gestión del tráfico en zona centro. Otro proyectos también interesante es el de "actuaciones especiales", destinado a financiar actuaciones en tramos peligrosos y conflictivos, que pasa de 20 millones de euros en 2006 a 27 millones en el presupuesto 2007.

En el complejo asunto de las sanciones, se pretende crear y poner en funcionamiento el Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas (ESTRADA), con un presupuesto de 14 millones de euros. Se prevee que sólo este centro tramite 1,2 millones de denuncias en 2007, teniendo previsto por ello un aumento cercano al 40% de los trámites sancionadores, repercutido en los costes postales. Igualmente importante es la instalación durante el próximo año de 200 cinemómetros fijos, con lo que se alcanzará la cifra de 500, compromiso fijado por el Gobierno para el año 2007.

SOBRE MEJORÍAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO, UN TRABAJO QUE ME TOCÓ HACER ALGUNOS MESES ATRÁS.

La verdad es que da gusto cuando se trata de hablar de un tema como éste en la que se ve claramente que el objetivo principal de la misma es intentar mejorar la atención al ciudadano en un organismo como es la Dirección General de Tráfico, que en estos últimos ocho o diez años ha experimentado realmente un deterioro considerable y que no ha tenido no sólo la mejora necesaria sino ni siquiera el mantenimiento apropiado. Da mucho más gusto defenderla cuando te informas y ves que casi todo lo que estamos intentando proponerle al Gobierno está, si no totalmente ejecutado, en vías de solución; con lo cual te quedas tranquilo, ves que las cosas se están haciendo y se están haciendo bien, y te parece que tu trabajo sirve para algo.

Quiero informar sobre la plantilla que se ha procedido a crear 47 nuevos puestos de trabajo para examinador y se está proponiendo hasta 146 según se termina el curso de formación, ya sabemos que el problema de los examinadores es que tienen que pasar un curso de formación. Sólo en Madrid se han contratado 100 nuevos auxiliares administrativos para la Jefatura Provincial de Tráfico. Los que sufrimos la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid sabemos que probablemente sea una de las peores de España en cuanto al funcionamiento y en cuanto a la atención al ciudadano, quizá no en el funcionamiento interno de los trabajadores pero sí en lo que es la sensación que le queda al ciudadano y los tiempos de espera y de tardanza.

Se han creado 117 funcionarios nuevos, se han contratado 60 auxiliares administrativos para las oficinas provinciales de Tráfico y se van a incorporar 70 nuevos funcionarios por la oferta pública de empleo del año 2004.

Respecto, y me parece mucho más importante, a las necesidades de oficinas locales de Tráfico en algunas provincias, he de decir que ya se están creando seis oficinas nuevas de Tráfico. De hecho, los ejemplos que en la proposición no de ley se nos ponen de sitios donde funciona mal la oficina de atención de la Dirección General de Tráfico, quedan todos cubiertos; se va a crear la oficina local de Alcorcón, en Madrid; se va a crear una en Mérida (Badajoz); se va a crear una en Toledo, en Talavera de la Reina; en Valencia, en la ciudad de Alcira, y en Alicante otra en el pueblo de Elche, aparte de Fuerteventura.

Todos conocemos las condiciones específicas de las islas por su insularidad propia y por la dificultad de traslado de una a otra. En Fuerteventura, en la provincia de Las Palmas, se va crear también una oficina local de tráfico, lo cual facilitará bastante el traslado de las personas de esa provincia.
 

En referencia a la universalización del sistema de productividad, quiero decir que el 24 de mayo de 2005, la Mesa de recursos humanos de la Administración del Estado con los Sindicatos aprobó ya esa dotación de fondos, en concreto 1.869.000 euros, para que se extienda el sistema de productividad a todas las unidades de las jefaturas provinciales, por lo tanto, la productividad por objetivos se va a extender ya a todos los trabajadores de la Dirección General de Tráfico, a todos los trabajadores que atienden a los sufridos ciudadanos que tienen que ir a renovar o a realizar allí determinadas gestiones.

En cuanto a las medidas necesarias para la cobertura de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la Dirección General de Tráfico, es prioridad del Gobierno, y así sale en el real decreto de convocatoria de oferta de empleo público del año 2005; se está forzando el reingreso de funcionarios al servicio activo en este organismo y además se han convocado ya dos concursos nuevos para provisión de puestos de trabajo y se va a convocar otro próximamente. Aparte, se está también trabajando en la redistribución de efectivos de otros organismos, aunque eso obviamente implica también al Ministerio de Administraciones Públicas, el cual ha reiterado varias veces y en varios comunicados su preferencia por la Dirección General de Tráfico.

Por eso he de decir, como informaba al principio, que prácticamente todas las medidas, siendo buenas y positivas, estando todas encaminadas a atender mejor a los ciudadanos en un tema tan concreto como el de la Dirección General de Tráfico, que ha experimentado últimamente tanto deterioro, se están ejecutando, por lo que propusimos el siguiente acuerdo, aprobado por unanimidad: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aumentar la dotación de la plantilla de la Dirección General de Tráfico, necesaria para poder prestar un servicio público de calidad al ciudadano; ampliar la descentralización mediante la apertura a la mayor brevedad posible de oficinas locales en aquellas provincias que se requieran; ejecutar el acuerdo de la Mesa de recursos humanos de la Administración sobre la universalización del sistema de productividad por objetivos a todos los empleados públicos del organismo, favoreciendo de esta manera la captación de nuevos efectivos en los concursos de traslados; impulsar las medidas necesarias y eficaces para la cobertura de los puestos de trabajo vacantes en la actualidad a través de la redistribución de efectivos de departamentos u organismos excedentarios de personal.

 

ME PARECÍA BIEN PONER ESTAPREGUNTA A LA MINISTRA DE SANIDAD SOBRE LA CARTERA DE SERVICIOS COMUNES DEL SNS AHORA QUE ESTÁ TAN DE MODA DECIR QUE EL SISTEMA SANITARIO SE ROMPE EN 17 TROZOS

En primer lugar, señora ministra, querría felicitarle por la aprobación de la ya conocida Ley del tabaco, que ha sabido defender a pesar de las reacciones que han surgido en contra; ley que finalmente ha sido aprobada y se ha demostrado la enorme aceptación que tiene en la sociedad. Mi más sincera enhorabuena.
 

Mi pregunta va a ser acerca de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de la semana pasada. Personalmente me ha quedado un sabor agridulce por su contenido. El primer sentimiento fue el de tristeza. Como diputado por Madrid que la primera noticia que surge sea para hacer saber que en la contabilidad de la lista de espera quirúrgica en el ámbito nacional se van a tener en cuenta solo los datos de 16 comunidades autónomas, excluyendo precisamente a Madrid, es algo que a pesar de ser esperado no deja de producirme una sensación amarga. Desde el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid se viene denunciando que el sistema de recuento de las listas de espera en esta comunidad, regida por la orden 602/2004 de la Comunidad de Madrid, no solo no se ajusta y vulnera claramente el Real Decreto-ley 605/2003 para el tratamiento homogéneo de la información sobre listas de espera en el ámbito estatal del Gobierno de José María Aznar del Partido Popular, sino que también infringe o por lo menos burla los artículos 2 y 4 de la de Autonomía y Derechos del Paciente, también casualmente del Gobierno del Partido Popular. Se llega incluso a establecer represalias contra aquellos pacientes que simplemente quieren ejercer su derecho a que les opere el mismo equipo, el mismo hospital que ha intervenido en el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad que padecen. Parece ser que la insumisión legislativa insinuada al menos por la Comunidad de Madrid no se limita a las leyes socialistas.

Sin embargo, fuera de este aspecto colateral en lo verdaderamente importante el resultado del Consejo Interterritorial ha sido más que positivo. Ha cumplido su misión de velar por la cohesión del Sistema Nacional de Salud, en este caso en algo tan importante como la actualización de la cartera de servicios básicos, que establece qué prestaciones están garantizadas para todos los ciudadanos españoles, con independencia de su lugar de residencia y de que en su comunidad estén o no disponibles esas atenciones. El hecho de no haberse renovado desde 1995, en diez años, da idea también de que resulta imprescindible un mecanismo que permita una actualización continúa y ágil del proceso. Señora ministra, por eso me gustaría preguntarle: ¿Puede informarnos sobre los acuerdos alcanzados en materia de cartera de servicios básicos y comunes del Sistema Nacional de Salud? (Aplausos.)

Señoría, tras un año y medio de trabajo con las comunidades autónomas, el pasado 1 de diciembre la Comisión de aseguramiento, financiación y prestaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud consensuó por unanimidad el texto del proyecto del real decreto de cartera de servicios. Ya en la primera sesión del Consejo Interterritorial que convoqué como ministra de Sanidad el 16 de junio del año 2004 incluí el proceso de elaboración de esa cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud como un objetivo prioritario. Por otra parte, la Conferencia de Presidentes dedicada a la financiación de la sanidad también incluyó esta propuesta de elaboración de dicha cartera de servicios básicos y comunes del Sistema Nacional de Salud como uno de los acuerdos resultado de dicha conferencia. Con esa elaboración queremos garantizar a todos los ciudadanos las condiciones básicas y comunes de las prestaciones sanitarias a las que tienen derecho, dando así cumplimiento a lo que establece, por cierto, la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

Esa Comisión de aseguramiento, financiación y prestaciones ha mantenido 23 reuniones que se añaden a otras cuatro que han tenido los distintos grupos técnicos, comités y comisiones que han dado cuerpo al contenido de la cartera de servicios: salud pública, atención primaria, especializada y de urgencias, transporte sanitario, prestación de productos dietéticos y prestación ortoprotésica.

Además de las prestaciones actuales el proyecto establece el procedimiento, de acuerdo con la ley, para las actualizaciones: a instancias de quién, qué requisitos previos debe tener su incorporación, cómo debe ser la evaluación por parte de la Agencia de evaluación de tecnologías del Instituto de Salud Carlos II, y, finalmente, cuál es el procedimiento para su definitiva inclusión.

Esa cartera fue presentada en el pleno del Consejo Interterritorial del pasado día 14 y queda pendiente una reunión con los consejeros de las comunidades autónomas, a solicitud de los gobiernos del Partido Popular, para examinar con ellos las alegaciones que se presenten en las próximas semanas.

Señoría, culminará así un proyecto necesario, complejo e importante que ayuda a consolidar nuestro Sistema Nacional de Salud. Por eso quiero agradecer el sentido de la responsabilidad de todas las administraciones sanitarias que tanto han colaborado para este objetivo. (Aplausos.)   

UNA INTERVENCIÓN QUE HE TENIDO SOBRE EL INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES CON EL EXTRANJERO

me gustaría resaltar la importancia del tema que vamos a tratar.

Me parece que la importancia destaca especialmente porque afecta a las que serán las futuras generaciones de universitarios, a su preparación y a su posible capacitación en el extranjero, eso es muy importante, pero también porque supone la integración, en el más amplio de los sentidos, de nuestro país en ámbitos educativos, no solo europeos sino más allá de los de la Unión Europea, incluso más allá del espacio europeo de educación superior. Además, la reciprocidad obvia y evidente, como no podría ser de otra manera, está reflejada y enriquece también nuestro propio sistema universitario. La llegada de alumnos y alumnas extranjeros de los países con los que el nuestro establezcan estos acuerdos de reciprocidad tiene que enriquecer sin duda el estudio universitario en nuestro país. Tenemos presente, por ejemplo, el reflejo de las becas para estudios europeos, las becas universitarias de intercambio, y no podemos calificar más que de positivas, no solo nosotros sino toda la comunidad universitaria y toda la comunidad parlamentaria, los resultados tanto para los alumnos que van fuera como para el sistema universitario español por la recepción de alumnos extranjeros.

Me gustaría de todas maneras aprovechar para establecer algunos criterios sobre el acceso a la universidad en nuestro país. Es fundamental definir claramente algunos de estos puntos, ya que condicionarán la posibilidad de homologación del acceso a la universidad de estudiantes de otros países al nuestro y viceversa. Lo primero, tengo que desmentir que la no existencia de una prueba de reválida en bachillerato pueda dificultar la convalidación de nuestro título de bachillerato y mucho menos que dificulte la homologación de nuestro acceso a la universidad con el de otros países. A nuestro modo de ver y como siempre hemos defendido, la evaluación continua, basada en el proceso de aprendizaje y en la valoración de la adquisición por el alumno de procedimientos y aptitudes y no solo de conocimientos, es el objetivo principal y esto es difícilmente evaluable con una prueba tipo reválida, pero que a la vez no altera la validez del título. Nos hemos mostrado siempre partidarios de mantener el sistema actual de acceso a la universidad. La prueba actual de acceso, que se vuelve a convertir en prueba única al final del bachillerato y prueba únicamente de acceso a la universidad, como deja claro el anteproyecto de la Ley Orgánica de Educación en su artículo 38, y además incluir en la valoración para la madurez del alumno las calificaciones obtenidas durante el bachillerato proporciona mayor fiabilidad a los resultados. Esta prueba no solo sirve y ha servido siempre para seleccionar y clasificar a los alumnos, sino que funciona también, aunque a veces se ha considerado como negativo, como elemento disuasorio, de manera que la decisión de acceso a la universidad es un paso meditado tanto por el alumno como por la familia, muchas veces esa meditación está ocasionada o condicionada por la existencia de una prueba de acceso. Por último, es destacable, gracias a esta prueba, la posibilidad de homologación de nuestra prueba de selectividad o la prueba de acceso a la universidad, puesto que ahora mismo está teóricamente sin nombre, con las que se llevan a cabo en otros países, lo que permitiría el acceso a otras universidades de nuestros estudiantes. Mantenemos que este es un criterio suficiente para justificar la existencia de esa prueba y sobre todo que se trabaje en su diseño de manera que se garantice esta homologación.

 

 

PROPOSICIÓN SOBRE LOS CUIDADOS PALIATIVOS

Tras lo acontecido en el Severo Ochoa elaboré con el Ministerio una proposición para solicitar la revisión del Plan de Paliativos, y la evaluación de su situación. 

Esta proposición no de ley fue publicada en los medios como aprobada una semana antes, lo que puede considerarse indicativo del interés que tenía en ese momento el tema para la opinión publicada. Desgraciadamente el tema fue a menos, la injusticia sigue viva y el Dr. Montes está aún desposeído de su cargo y, lo que es peor, vilipendiado por los responsables de la Consejería y, ya no tenemos al parecer la misma prisa por aspectos relacionados.

El plan data de 2003, y es manifiesto que falta el desarrollo de las bases que están definidas en él, la implantación de la mayor parte de las medidas que contiene, equidad en la distribución territorial de los recursos, incluso gran parte de la población ahora mismo no tiene cobertura respecto a lo contemplado en este plan.

Me gustaría destacar dos aspectos sobre el texto del plan. Por un lado, fija comunidades susceptibles de abordar este tipo de actuaciones, las actuaciones paliativas, oncología, radioterapia, medicina interna, hematología, cirugía y urgencias, y también nombra las urgencias entre los equipos diana sobre los que desarrollar las medidas a tomar, las intervenciones o la preparación de profesionales. Proponemos en nuestra proposición en principio la necesidad de una nueva duración del plan. Es imprescindible porque sólo se hizo la evaluación inicial en el 2001, que es la que consta en el anexo 3 del plan, y aunque en su punto 10 establece que el Consejo Interterritorial evaluará periódicamente la puesta en marcha y el funcionamiento, consideramos que la evaluación debe realizarse porque no se ha hecho nada desde ese momento. Esta evaluación, como reflejamos, debe poder dar lugar, no tiene por qué obligatoriamente, a una nueva revisión y a una renovación del plan. Se nos ocurre, por ejemplo, que quizá haya que hacer mención explícita de la sedación paliativa en el registro de últimas voluntades. Por otro lado, son partes del desarrollo del plan el impulso, que se suponía en principio como objetivo prioritario de la creación de unidades de paliativos por parte de las comunidades autónomas, que todavía está muy falto de desarrollo y la creación de protocolos sobre esta área. En un principio, como en todas las áreas, los protocolos dependen disminuir la variabilidad en la práctica médica y no imponer una uniformidad. Sobre los protocolos, la Ley de ordenación de profesiones sanitarias, en su artículo 4, los define como que los protocolos deberán ser utilizados de forma orientativa como guía para todos los profesio nales de un equipo y serán regularmente actualizados con la participación de aquellos que los deben aplicar.

No se pueden usar los protocolos como un chequeo para comprobar la buena o mala práctica médica. Por último, en nuestra proposición se solicita que se mejore la relación médico-paciente con una defensa de los derechos de ambos, derechos que ahora mismo están ciertamente perjudicados. La alteración de la relación médico-paciente, la falta de confianza entre los dos términos de esta operación ocasiona en el paciente el miedo a la falta de información o a no ser atendido en condiciones. Eso suele desembocar en una consulta agresiva en los que ejercemos y conocemos algunos temas de este tipo y en la judicialización de la sanidad. Y en el médico el miedo a la judicialización de la sanidad nos lleva a una medicina defensiva. No nos equivoquemos porque el principal perjudicado siempre es el paciente, ya que es el que tiene la situación de mayor indefensión. Ahora mismo la relación entre los médicos y los pacientes está alterada. Se ha dañado el prestigio de los profesionales que trabajan en el Sistema Nacional de Salud y, por tanto, se ha menoscabado la confianza del paciente en el médico.

Debemos valorar de forma especial la defensa de la historia clínica como documento principal en esta relación. La Ley 41/2002, de la Autonomía del Paciente, fija la historia clínica como el conjunto de documentos que integran en la atención clínica a cada paciente, luego es el principal de los documentos que van a regular la relación médico-paciente. Este punto también es importante para contrarrestar la situación actual y para poder lograr una nueva relación entre los médicos y los pacientes, para poder lograr una nueva confianza en el Sistema Nacional de Salud.
El texto que aprobamos era, básicamente, para solicitar al Gobierno que se cree con la mayor urgencia posible el registro nacional de instrucciones previas sobre la base de una propuesta del Grupo Socialista del mes de septiembre. Si no me equivoco, ahora mismo ya está en el Consejo de Estado, con lo cual ya es inminente. Se incluyó el promover la inclusión de contenidos de cuidados paliativos en la formación de los profesionales e impulsar la divulgación de la importancia social de los cuidados paliativos. 

El texto final fue:

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la evaluación de la situación de los cuidados paliativos en España y de la aplicación del Plan Nacional de Cuidados Paliativos. La implantación y desarrollo de las medidas contenidas en dicho plan y, en su caso, la revisión del mismo para incorporar aquellas otras que se consideren necesarias. El fomento de la creación por las comunidades autónomas de unidades de cuidados paliativos. La adopción de medidas que afiancen la mejor relación médicopaciente basada en la confianza mutua, en el marco del respeto de los derechos de los pacientes y el de los profesionales sanitarios en su ejercicio profesional. Aprobar de manera inmediata el real decreto para crear el registro nacional de instrucciones previas. Promover la inclusión de contenidos sobre cuidados paliativos en la formación de los profesionales sanitarios y, finalmente, impulsar la divulgación acerca de la importancia social de los cuidados paliativos.

UNA DE MIS INTERVENCIONES, MUY TÉCNICAS. ESTE EJERCICIO DE REPASO ME SERVIRÁ TAMBIÉN PARA DAR UNA VUELTA A QUELLAS CUESTIONES QUE QUEDARON PENDIENTES, Y ESTA ES UNA DE ELLAS. TENDRÉ QUE VOLVER A PREGUNTAR SOBRE EL TEMA.

El señor JUAN JULIÁN ELOLA RAMÓN: Compartimos plenamente desde mi grupo la opinión acerca de la conveniencia de la entrada en vigor de la tarjeta sanitaria única. De hecho, cuando se aprobó la Ley de calidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, creo que fue uno de los puntos que menos problemas tuvo para salir adelante con el apoyo de la mayoría de las comunidades autónomas. Por eso, presentamos una enmienda que, respetando la finalidad, respetando el bloque de la proposición del Partido Popular, modifica únicamente algunos de los aspectos planteados en la misma.

 

Principalmente, queremos corregir los términos de que se implante con urgencia. Pretendemos con esta enmienda que se sigan los pasos que se están dando. Se han fijado ya los primeros pasos para su implantación. Hay que crear una base de datos porque, como bien ha dicho el diputado, todavía no constan los de todas las comunidades autónomas. Hay que crear la base de datos de la población cubierta por el Sistema Nacional de Salud y, a partir de ahí, hay un par de procesos técnicos de bastante complejidad que son configurar esta base de datos para que pueda actuar de sistema de intercambio de información, para que todas las comunidades, cada una dentro de sus responsabilidades, cada una manejando los datos de su propia población, pueda tener acceso a esa información; y, además, hay que establecer los requisitos estándares sobre los dispositivos que las tarjetas incorporen para almacenar la información y conseguir que se permita la lectura y comprobación de los datos en todo el territorio; es decir, normalizar

 

los datos que figuran en esas tarjetas y buscar los dispositivos que nos permitan la compatibilidad de lectura de todas esas tarjetas, de las diferentes tarjetas que cada comunidad autónoma está en su derecho de establecer. En esto, yo recuerdo la complejidad que tuvo aquel multicrick que puso de moda el señor Álvarez-Cascos con motivo de la lectura de los canales de televisión vía satélite y, recordémoslo, era un proceso bastante complejo y difícil.

 

Como son evidentes las dificultades técnicas, no se puede hacer de manera urgente y es evidente que ha de hacerse de forma paulatina.

 

No está en el olvido, no deben preocuparse en el Partido Popular. Como ya ha dicho en el Consejo Interterritorial celebrado el día 16 del mes de junio, se pasa a la subcomisión de sistemas de información, que tiene su primera reunión y toma los primeros acuerdos el día 12 de julio, o sea, escasamente un mes después, acerca de las bases que hay que poner en la tarjeta sanitaria única a nivel del Estado español.

 

Por otro lado, tampoco creemos que se pueda implantar sin hacerlo en colaboración con las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias en esta materia. De hecho, lo que el real decreto, al que ha hecho mención el diputado del Partido Popular, establece es que el Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo con las comunidades autónomas y demás administraciones competentes, establecerán los requisitos y los estándares necesarios, con lo cual, hay que incorporar a las comunidades autónomas al debate y hay que incorporar a las comunidades a los principios de acuerdo, no a que asuman directamente. No se puede implantar y que las comunidades lo asuman, porque ¿qué sucedería si alguna de las comunidades no lo asume?

 

Parece obvio que la no incorporación de todas las comunidades al proyecto hace que desaparezca el sentido. No se puede crear una tarjeta sanitaria única para casi todo el territorio o para gran parte del territorio del Sistema Nacional de Salud. Parece y puedo asegurar que es casi inmediata la incorporación, pero los plazos se van a dilatar más por problemas técnicos que por problemas políticos. Se está trabajando en esa dirección.

 

Acerca de la urgencia que se nos plantea en la proposición, el Real Decreto es de 30 de enero de 2004 y fija un calendario. Desde la aprobación de ese real decreto y su publicación en el BOE, desde su entrada en vigor, no se ha fijado ningún criterio, no se ha hecho ninguna reunión ni se ha nombrado ningún responsable que responda de esos plazos, salvo cuando toma posesión el nuevo Gobierno del Partido Socialista y en la primera reunión del Consejo Interterritorial se fijan ya unos nuevos plazos y se dan unos nuevos criterios para a empezar a trabajar en este sentido. Se había aprobado el decreto, pero no se habían establecido los pasos para seguir ese real decreto.

 

Voy a hacer un par de comentarios sobre la exposición de motivos de la proposición no de ley que nos presenta el Partido Popular. El primero es que presumen de haber elaborado ocho leyes sanitarias en la anterior legislatura. Presumen de un error o de un trabajo no bien hecho, porque estamos ahora sufriendo en parte las consecuencias de que se han aprobado ocho leyes pero no se han desarrollado los reglamentos, no se han desarrollado

 

los sistemas que tienen que hacer que esas leyes sean efectivas. Ha habido intenciones, pero no se han terminado los trabajos.

 

Por mi parte, es preferible. El desarrollo de esas leyes va a corresponder al Partido Socialista, con lo cual esperamos que el resultado final sea mejor. Pongo por ejemplo la última reunión de la Comisión de Farmacia, a la que tanta importancia se le dio, que se celebró el día 27 de junio de 2002. Durante dos años seguidos no ha habido reuniones de la Comisión de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, lo cual me reafirma al decir que ha habido muchas leyes, poco desarrollo, poco trabajo

 

serio, poco reflejo real en la sociedad.

 

Quiero terminar haciendo un comentario sobre lo que se dice en la exposición de motivos de las comunidades autónomas socialistas. Aunque todos entendemos lo que se quiere decir con ese término, rogaría al Partido Popular que a partir de ahora se dijera gobernadas por el PSOE o algo así. Las comunidades autónomas y sus habitantes son muy distintos entre sí y no tienen por qué asumir ningún calificativo.

 

En marzo de 2003 la entonces ministra Ana Pastor, antes incluso de la aprobación de la Ley de Cohesión y de Calidad del Sistema Nacional de Salud, dice que faltan seis comunidades por incorporarse a la base de datos, que son Valencia, Galicia, Navarra, País Vasco, Cataluña y Andalucía. Sólo Andalucía en ese momento está gobernada por el Partido Socialista. Ahora mismo Cataluña también, pero en ese momento no. El problema de Andalucía se debía a aquellos millones de la financiación propia que tenía pendientes. Aparte de que no entiendo ni comparto esa obsesión por marcar políticamente a las comunidades —las que hay son las que son—, ahora mismo quedan por incorporarse únicamente Navarra, País Vasco, Cataluña y Andalucía; Valencia y Galicia están en trámite y se está trabajando seriamente en la incorporación de las cuatro que, como ya he dicho, parece que se va a producir en breve y se podrá empezar a trabajar en los temas técnicos, que son más complejos.

 

Debido a todo eso, presentamos la siguiente enmienda de sustitución: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar, en colaboración con las comunidades autónomas, con el desarrollo de las medidas necesarias, con el fin de elaborar los requisitos y estándares necesarios para que las tarjetas sanitarias individuales puedan almacenar la información sanitaria básica y que la comprobación de los datos sea posible por todas las administraciones sanitarias.

 

El acuerdo final con el Partido Popular, era, concretamente:

 

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar, en colaboración y coordinación con las comunidades autónomas, con el rápido desarrollo de las medidas

 

necesarias con el fin de elaborar los requisitos y estándares necesarios para que las tarjetas sanitarias individuales puedan almacenar la información sanitaria básica y todas las que puedan crearse, y que la comprobación de los datos sea posible por todas las administraciones sanitarias.

 

MI PRIMERA PREGUNTA fue a la Ministra de Educación sobre mejoras en la política de becas. Como creo que vale la pena, lo transmito

Pregunta del diputado don Juan Julián Elola Ramón, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Pertenezco a una generación que ha crecido y que ha estudiado en gran parte becada por los gobiernos que presidió don Felipe González. Esta fue calificada como la generación mejor preparada de la historia de España.
Pues bien, ahora nos hemos convertido en padres de alumnos y venimos observando con preocupación la política de becas seguida por los gobiernos del Partido Popular. En los seis primeros años, hasta el año 2002, el número de estudiantes universitarios becados descendió
en un total de 53.000 alumnos, un 20 por ciento sobre los que había en 1996. La reducción de becas en la universidad se está ya notando, es algo manifiesto.
Las becas no sólo no experimentan el aumento correspondiente al IPC anual para conservar su valor al menos, sino que sufren disminuciones, incluso si hablamos en términos absolutos. Además, aquellas becas que están ligadas a un tiempo determinado han visto reducida también su duración. Sirva como ejemplo las becas Séneca, que pasaron el año pasado de cuatro meses y medio a una duración de cuatro meses, disminución de nuevo de un 20 por ciento. Es decir, estamos asistiendo a una disminución progresiva en el número, la cuantía y la duración de todo tipo de becas.

Desde el movimiento de asociaciones de padres del alumnado nos gusta definir la educación ya no como uno de los pilares del Estado del bienestar, que lo es, sino como la base sobre la cual se deben construir todas las políticas de igualdad social. Se convierte en una falacia hablar de igualdad de oportunidades, si no introducimos los mecanismos económicos que puedan limar las diferencias que los alumnos presentan de salida por el estrato social del que proceden. Y eso es, sobre todo, una buena política de ayudas, una buena política de becas, que permite que los alumnos alcancen el nivel que les sea posible con la única limitación de su esfuerzo y de su capacidad. Por eso, me gustaría que nos indicara, señora ministra, quiénes se van a beneficiar de las medidas extraordinarias que elevan el gasto en becas para el próximo curso en 36 millones de euros.
Muchas gracias.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos):
Se van a beneficiar estudiantes de las distintas etapas del sistema educativo, comenzando por los pertenecientes a las familias de menor nivel de renta. Claramente el objetivo de esta medida es buscar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo. Los jóvenes de las familias de menor capacidad adquisitiva necesitan un conjunto de ayudas económicas que les faciliten el acceso
a los estudios para alcanzar mayores dosis de equidad y también de eficiencia en nuestro sistema de educación y formación. Por ello, el Gobierno ha decidido aprobar un crédito extraordinario destinado a becas que elevará el gasto en 66 millones de euros, 11.000 millones de pesetas, a lo largo del próximo curso.
En el año 2000 el esfuerzo que realizaba España en ayudas netas al estudio suponía algo menos de una décima del producto interior bruto de nuestro país frente a cuatro décimas de media en la OCDE y en la Unión Europea. Reducir drásticamente esta diferencia constituye una de las prioridades de este Gobierno, que va a llevar a cabo las siguientes actuaciones. Se ha decidido
actuar, en primer lugar, para garantizar que las familias más desfavorecidas económicamente accedan a las ayudas compensatorias, sin exigirles criterios específicos adicionales, bien sea de orfandad, minusvalías o paro. Esta medida incide sobre los estudiantes de bachillerato, formación profesional y universidad. Se estima que se concederán unas 20.000 ayudas compensatorias
adicionales que colaborarán a la permanencia de estos alumnos en el sistema educativo más allá de la edad obligatoria. El Gobierno valora especialmente este objetivo de extensión de la  escolarización secundaria a toda la población. También se incrementará en torno a un 5 por ciento en términos reales la cuantía de las ayudas destinada a los alumnos de todos los niveles educativos posobligatorios, lo que permitirá compensar la reducción del valor adquisitivo de las becas experimentada en los últimos ocho años y que se cifra en más de un 4 por ciento. Por último, se procede a aumentar el número de ayudas para la adquisición de libros de texto y las becas Séneca destinadas a la movilidad entre las universidades españolas.
Muchas gracias.