PROPOSICIÓN SOBRE LOS CUIDADOS PALIATIVOS
Tras lo acontecido en el Severo Ochoa elaboré con el Ministerio una proposición para solicitar la revisión del Plan de Paliativos, y la evaluación de su situación.
Esta proposición no de ley fue publicada en los medios como aprobada una semana antes, lo que puede considerarse indicativo del interés que tenía en ese momento el tema para la opinión publicada. Desgraciadamente el tema fue a menos, la injusticia sigue viva y el Dr. Montes está aún desposeído de su cargo y, lo que es peor, vilipendiado por los responsables de la Consejería y, ya no tenemos al parecer la misma prisa por aspectos relacionados.
El plan data de 2003, y es manifiesto que falta el desarrollo de las bases que están definidas en él, la implantación de la mayor parte de las medidas que contiene, equidad en la distribución territorial de los recursos, incluso gran parte de la población ahora mismo no tiene cobertura respecto a lo contemplado en este plan.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la evaluación de la situación de los cuidados paliativos en España y de la aplicación del Plan Nacional de Cuidados Paliativos. La implantación y desarrollo de las medidas contenidas en dicho plan y, en su caso, la revisión del mismo para incorporar aquellas otras que se consideren necesarias. El fomento de la creación por las comunidades autónomas de unidades de cuidados paliativos. La adopción de medidas que afiancen la mejor relación médicopaciente basada en la confianza mutua, en el marco del respeto de los derechos de los pacientes y el de los profesionales sanitarios en su ejercicio profesional. Aprobar de manera inmediata el real decreto para crear el registro nacional de instrucciones previas. Promover la inclusión de contenidos sobre cuidados paliativos en la formación de los profesionales sanitarios y, finalmente, impulsar la divulgación acerca de la importancia social de los cuidados paliativos.
Me gustaría destacar dos aspectos sobre el texto del plan. Por un lado, fija comunidades susceptibles de abordar este tipo de actuaciones, las actuaciones paliativas, oncología, radioterapia, medicina interna, hematología, cirugía y urgencias, y también nombra las urgencias entre los equipos diana sobre los que desarrollar las medidas a tomar, las intervenciones o la preparación de profesionales. Proponemos en nuestra proposición en principio la necesidad de una nueva duración del plan. Es imprescindible porque sólo se hizo la evaluación inicial en el 2001, que es la que consta en el anexo 3 del plan, y aunque en su punto 10 establece que el Consejo Interterritorial evaluará periódicamente la puesta en marcha y el funcionamiento, consideramos que la evaluación debe realizarse porque no se ha hecho nada desde ese momento. Esta evaluación, como reflejamos, debe poder dar lugar, no tiene por qué obligatoriamente, a una nueva revisión y a una renovación del plan. Se nos ocurre, por ejemplo, que quizá haya que hacer mención explícita de la sedación paliativa en el registro de últimas voluntades. Por otro lado, son partes del desarrollo del plan el impulso, que se suponía en principio como objetivo prioritario de la creación de unidades de paliativos por parte de las comunidades autónomas, que todavía está muy falto de desarrollo y la creación de protocolos sobre esta área. En un principio, como en todas las áreas, los protocolos dependen disminuir la variabilidad en la práctica médica y no imponer una uniformidad. Sobre los protocolos, la Ley de ordenación de profesiones sanitarias, en su artículo 4, los define como que los protocolos deberán ser utilizados de forma orientativa como guía para todos los profesio nales de un equipo y serán regularmente actualizados con la participación de aquellos que los deben aplicar.
No se pueden usar los protocolos como un chequeo para comprobar la buena o mala práctica médica. Por último, en nuestra proposición se solicita que se mejore la relación médico-paciente con una defensa de los derechos de ambos, derechos que ahora mismo están ciertamente perjudicados. La alteración de la relación médico-paciente, la falta de confianza entre los dos términos de esta operación ocasiona en el paciente el miedo a la falta de información o a no ser atendido en condiciones. Eso suele desembocar en una consulta agresiva en los que ejercemos y conocemos algunos temas de este tipo y en la judicialización de la sanidad. Y en el médico el miedo a la judicialización de la sanidad nos lleva a una medicina defensiva. No nos equivoquemos porque el principal perjudicado siempre es el paciente, ya que es el que tiene la situación de mayor indefensión. Ahora mismo la relación entre los médicos y los pacientes está alterada. Se ha dañado el prestigio de los profesionales que trabajan en el Sistema Nacional de Salud y, por tanto, se ha menoscabado la confianza del paciente en el médico.
Debemos valorar de forma especial la defensa de la historia clínica como documento principal en esta relación. La Ley 41/2002, de la Autonomía del Paciente, fija la historia clínica como el conjunto de documentos que integran en la atención clínica a cada paciente, luego es el principal de los documentos que van a regular la relación médico-paciente. Este punto también es importante para contrarrestar la situación actual y para poder lograr una nueva relación entre los médicos y los pacientes, para poder lograr una nueva confianza en el Sistema Nacional de Salud.
El texto que aprobamos era, básicamente, para solicitar al Gobierno que se cree con la mayor urgencia posible el registro nacional de instrucciones previas sobre la base de una propuesta del Grupo Socialista del mes de septiembre. Si no me equivoco, ahora mismo ya está en el Consejo de Estado, con lo cual ya es inminente. Se incluyó el promover la inclusión de contenidos de cuidados paliativos en la formación de los profesionales e impulsar la divulgación de la importancia social de los cuidados paliativos.
El texto final fue:
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Carmen Sánchez Carazo -