Desmantelando los servicios públicos

Esperanza Aguirre lo dejó claro recientemente. El programa del Partido Popular incluye la reducción de los servicios públicos a su mínima expresión. Se trata, según sus propias palabras, de venderlos, privatizarlos o, directamente, hacerlos desaparecer. Y no es por la situación actual, que podría justificar determinados ajustes que todos podemos comprender. Habló, directamente, de la aplicación del programa de su Partido; el de antes, el de ahora y el del futuro.

Los funcionarios, “lo público”, que tanto se atacan desde la derecha, son, sobre todo, el personal de sanidad, el de educación y el de seguridad (policías, bomberos, protección civil…). Estos tres colectivos representan más del 90% de los empleados públicos. Cuando se habla de reducción de funcionarios, se trata, forzosamente, de estos. Aún reduciendo mucho el resto, el efecto sería mínimo.

Por ejemplo, un hospital como La Paz, puede tener más de 5000 empleados. Muchos más, en un solo hospital, que el total de administrativos que trabajan para la Comunidad de Madrid. El gran aumento del número de funcionarios de estos últimos años se debe a que se amplió mucho el número de hospitales y el de profesores, no a más burocracia.
Me remitiré a los hechos: se ha recortado muchísimo en educación (Wert aumenta hasta 40 el número de alumnos por aula para que en cada centro haya menos profesores); la privatización sanitaria en Madrid conlleva una disminución importante de las plantillas; y el personal de seguridad mengua al no cubrirse las bajas, jubilaciones o traslados, y no convocar nuevas promociones.

En ningún punto lo han llevado directamente así escrito, aunque en el programa electoral con que Rajoy concurrió a las últimas elecciones, que ganó, había varias alusiones indirectas y veladas al desmantelamiento de los servicios públicos y a su jibarización.

Nadie en Madrid puede decir con una mínima seriedad que el Partido Popular no está haciendo lo que se esperaba de él. La privatización evidente de la sanidad madrileña comenzó en el año 2004. La “externalización” de la gestión de todas las parcelas sanitarias, incluyendo la atención médica, empezó inmediatamente después de la primera victoria de Esperanza Aguirre. Enormes conciertos con clínicas privadas estaban presentes en época de Gallardón, al tiempo que se retiraban fondos de los hospitales públicos, lo que les impedía realizar más pruebas diagnósticas que nuevamente tenían que concertarse con los privados, en una espiral que desvía dinero público a las clínicas privadas.

Nadie que trabaje en la sanidad pública puede decir ahora que no sabía que tras la victoria del PP en las elecciones de 2011, hace ahora dos años, el trasvase de la sanidad pública a la privada iba a incrementarse y que la privatización era inminente. Lo afirmaros durante la campaña y es  la fórmula sanitaria que vienen aplicando desde hace casi 10 años y en la que confían. O la que le reporta más intereses económicos a la sanidad privada.

Ahora al menos todo el mundo sabe qué puede esperar. Espero que nadie diga en un futuro, que le han engañado.