Me ha parecido tremendamente clarificadora la carta al director de Juan Antonio Fernández, demógrafo del CSIC, publicada en El País. Bajo el título "Vinieron a trabajar", analiza con concisión las verdaderas causas de la masiva llegada de imigrantes a suelo español a finales de los 90 y durante toda esta década. Aunque pongo el enlace, reproduzco aquí el contenido, por si deja de funcionar en un futuro.
Vinieron a trabajar
JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ CORDÓN (Demógrafo, CSIC.) - Madrid - 19/02/2009
Un ejemplo famoso entre economistas es la gran coincidencia entre la actividad de las manchas solares y los ciclos económicos, insuficiente a todas luces para establecer una relación de causa-efecto entre los dos fenómenos. Esto viene a cuento del artículo que publican los profesores Reher y Sánchez Alonso en la edición de ayer miércoles 18 de febrero de su diario. Aceptar que la pretendida "generosidad social" de la ley de 2000 ha actuado como determinante principal de un fenómeno tan complejo como el flujo migratorio de los últimos años, exigiría, en mi opinión, algo más de lo que ofrece el artículo. Si hay una excepcionalidad española clara durante ese periodo es la descomunal burbuja inmobiliaria, con la construcción, en algunos años, de más viviendas que en todo el resto de la Unión Europea. Sin tener que leer el BOE, los extranjeros que aspiraban a emigrar de su país podían saber que había trabajo en España y que era fácil que los empresarios contrataran a inmigrantes sin papeles, siempre que aceptaran cobrar menos que los autóctonos. Además, la masiva participación de las mujeres en el mercado laboral generó una gran demanda de cuidadoras (de niños y de ancianos) en un país con un apoyo a la conciliación de la vida laboral y familiar muy inferior al de muchos países de la Unión Europea.
Por otra parte, si la facilidad de acceso a la sanidad y otros servicios sociales hubiese sido determinante, tendríamos en España una población extranjera con un peso mayor de dependientes y de no trabajadores. Esto no es así. Como es bien sabido, la tasa de ocupación de los inmigrantes ha estado siempre por encima de la de los españoles (hasta la llegada de la crisis, al menos) y la proporción de personas mayores, grandes demandantes de servicios sanitarios, es del 6% entre inmigrantes y del 18% entre españoles.
Llegaron muchos inmigrantes a España y una elevada proporción encontró un puesto de trabajo: en cualquier país, éstos se beneficiarían de la protección social pública. Aquí también. ¿Por qué entonces surgen, precisamente ahora, estas interpretaciones? La crisis se ha cebado sobre los más débiles, los inmigrantes, y en estos momentos pueden beneficiarse de la protección social (sanidad, prestaciones de desempleo o escuela para sus hijos) sin estar trabajando. Es, efectivamente, el momento de replantearse la generosidad de 2000 y negarles sus derechos. Seguro que una parte de la opinión acogerá con agrado estas conclusiones científicas, de la misma manera que una parte de los trabajadores ingleses hizo huelga para evitar la contratación de extranjeros. Está visto que los malos tiempos tienden a hacer aflorar lo peor de nosotros.
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