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La página de Juan Julián Elola

UNA DE MIS INTERVENCIONES, MUY TÉCNICAS. ESTE EJERCICIO DE REPASO ME SERVIRÁ TAMBIÉN PARA DAR UNA VUELTA A QUELLAS CUESTIONES QUE QUEDARON PENDIENTES, Y ESTA ES UNA DE ELLAS. TENDRÉ QUE VOLVER A PREGUNTAR SOBRE EL TEMA.

UNA DE MIS INTERVENCIONES, MUY TÉCNICAS. ESTE EJERCICIO DE REPASO ME SERVIRÁ TAMBIÉN PARA DAR UNA VUELTA A QUELLAS CUESTIONES QUE QUEDARON PENDIENTES, Y ESTA ES UNA DE ELLAS. TENDRÉ QUE VOLVER A PREGUNTAR SOBRE EL TEMA. El señor JUAN JULIÁN ELOLA RAMÓN: Compartimos plenamente desde mi grupo la opinión acerca de la conveniencia de la entrada en vigor de la tarjeta sanitaria única. De hecho, cuando se aprobó la Ley de calidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, creo que fue uno de los puntos que menos problemas tuvo para salir adelante con el apoyo de la mayoría de las comunidades autónomas. Por eso, presentamos una enmienda que, respetando la finalidad, respetando el bloque de la proposición del Partido Popular, modifica únicamente algunos de los aspectos planteados en la misma.

 

Principalmente, queremos corregir los términos de que se implante con urgencia. Pretendemos con esta enmienda que se sigan los pasos que se están dando. Se han fijado ya los primeros pasos para su implantación. Hay que crear una base de datos porque, como bien ha dicho el diputado, todavía no constan los de todas las comunidades autónomas. Hay que crear la base de datos de la población cubierta por el Sistema Nacional de Salud y, a partir de ahí, hay un par de procesos técnicos de bastante complejidad que son configurar esta base de datos para que pueda actuar de sistema de intercambio de información, para que todas las comunidades, cada una dentro de sus responsabilidades, cada una manejando los datos de su propia población, pueda tener acceso a esa información; y, además, hay que establecer los requisitos estándares sobre los dispositivos que las tarjetas incorporen para almacenar la información y conseguir que se permita la lectura y comprobación de los datos en todo el territorio; es decir, normalizar

 

los datos que figuran en esas tarjetas y buscar los dispositivos que nos permitan la compatibilidad de lectura de todas esas tarjetas, de las diferentes tarjetas que cada comunidad autónoma está en su derecho de establecer. En esto, yo recuerdo la complejidad que tuvo aquel multicrick que puso de moda el señor Álvarez-Cascos con motivo de la lectura de los canales de televisión vía satélite y, recordémoslo, era un proceso bastante complejo y difícil.

 

Como son evidentes las dificultades técnicas, no se puede hacer de manera urgente y es evidente que ha de hacerse de forma paulatina.

 

No está en el olvido, no deben preocuparse en el Partido Popular. Como ya ha dicho en el Consejo Interterritorial celebrado el día 16 del mes de junio, se pasa a la subcomisión de sistemas de información, que tiene su primera reunión y toma los primeros acuerdos el día 12 de julio, o sea, escasamente un mes después, acerca de las bases que hay que poner en la tarjeta sanitaria única a nivel del Estado español.

 

Por otro lado, tampoco creemos que se pueda implantar sin hacerlo en colaboración con las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias en esta materia. De hecho, lo que el real decreto, al que ha hecho mención el diputado del Partido Popular, establece es que el Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo con las comunidades autónomas y demás administraciones competentes, establecerán los requisitos y los estándares necesarios, con lo cual, hay que incorporar a las comunidades autónomas al debate y hay que incorporar a las comunidades a los principios de acuerdo, no a que asuman directamente. No se puede implantar y que las comunidades lo asuman, porque ¿qué sucedería si alguna de las comunidades no lo asume?

 

Parece obvio que la no incorporación de todas las comunidades al proyecto hace que desaparezca el sentido. No se puede crear una tarjeta sanitaria única para casi todo el territorio o para gran parte del territorio del Sistema Nacional de Salud. Parece y puedo asegurar que es casi inmediata la incorporación, pero los plazos se van a dilatar más por problemas técnicos que por problemas políticos. Se está trabajando en esa dirección.

 

Acerca de la urgencia que se nos plantea en la proposición, el Real Decreto es de 30 de enero de 2004 y fija un calendario. Desde la aprobación de ese real decreto y su publicación en el BOE, desde su entrada en vigor, no se ha fijado ningún criterio, no se ha hecho ninguna reunión ni se ha nombrado ningún responsable que responda de esos plazos, salvo cuando toma posesión el nuevo Gobierno del Partido Socialista y en la primera reunión del Consejo Interterritorial se fijan ya unos nuevos plazos y se dan unos nuevos criterios para a empezar a trabajar en este sentido. Se había aprobado el decreto, pero no se habían establecido los pasos para seguir ese real decreto.

 

Voy a hacer un par de comentarios sobre la exposición de motivos de la proposición no de ley que nos presenta el Partido Popular. El primero es que presumen de haber elaborado ocho leyes sanitarias en la anterior legislatura. Presumen de un error o de un trabajo no bien hecho, porque estamos ahora sufriendo en parte las consecuencias de que se han aprobado ocho leyes pero no se han desarrollado los reglamentos, no se han desarrollado

 

los sistemas que tienen que hacer que esas leyes sean efectivas. Ha habido intenciones, pero no se han terminado los trabajos.

 

Por mi parte, es preferible. El desarrollo de esas leyes va a corresponder al Partido Socialista, con lo cual esperamos que el resultado final sea mejor. Pongo por ejemplo la última reunión de la Comisión de Farmacia, a la que tanta importancia se le dio, que se celebró el día 27 de junio de 2002. Durante dos años seguidos no ha habido reuniones de la Comisión de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, lo cual me reafirma al decir que ha habido muchas leyes, poco desarrollo, poco trabajo

 

serio, poco reflejo real en la sociedad.

 

Quiero terminar haciendo un comentario sobre lo que se dice en la exposición de motivos de las comunidades autónomas socialistas. Aunque todos entendemos lo que se quiere decir con ese término, rogaría al Partido Popular que a partir de ahora se dijera gobernadas por el PSOE o algo así. Las comunidades autónomas y sus habitantes son muy distintos entre sí y no tienen por qué asumir ningún calificativo.

 

En marzo de 2003 la entonces ministra Ana Pastor, antes incluso de la aprobación de la Ley de Cohesión y de Calidad del Sistema Nacional de Salud, dice que faltan seis comunidades por incorporarse a la base de datos, que son Valencia, Galicia, Navarra, País Vasco, Cataluña y Andalucía. Sólo Andalucía en ese momento está gobernada por el Partido Socialista. Ahora mismo Cataluña también, pero en ese momento no. El problema de Andalucía se debía a aquellos millones de la financiación propia que tenía pendientes. Aparte de que no entiendo ni comparto esa obsesión por marcar políticamente a las comunidades —las que hay son las que son—, ahora mismo quedan por incorporarse únicamente Navarra, País Vasco, Cataluña y Andalucía; Valencia y Galicia están en trámite y se está trabajando seriamente en la incorporación de las cuatro que, como ya he dicho, parece que se va a producir en breve y se podrá empezar a trabajar en los temas técnicos, que son más complejos.

 

Debido a todo eso, presentamos la siguiente enmienda de sustitución: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar, en colaboración con las comunidades autónomas, con el desarrollo de las medidas necesarias, con el fin de elaborar los requisitos y estándares necesarios para que las tarjetas sanitarias individuales puedan almacenar la información sanitaria básica y que la comprobación de los datos sea posible por todas las administraciones sanitarias.

 

El acuerdo final con el Partido Popular, era, concretamente:

 

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar, en colaboración y coordinación con las comunidades autónomas, con el rápido desarrollo de las medidas

 

necesarias con el fin de elaborar los requisitos y estándares necesarios para que las tarjetas sanitarias individuales puedan almacenar la información sanitaria básica y todas las que puedan crearse, y que la comprobación de los datos sea posible por todas las administraciones sanitarias.

 

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